La caída del valor del peso respecto del dólar es histórica. El tipo de cambio nominal spot llegó a rozar ayer los mil pesos, cifra definida solo meses atrás por los expertos como el peor escenario posible para la moneda nacional. Al cierre del día, el peso chileno se había depreciado más de un 13% en lo que va del año. Por comparación, las variaciones de las monedas de Colombia (una devaluación inferior al 7%) y Perú (bajo el 4%), dos países también fuertemente determinados por el precio de los recursos naturales, ilustran la particularidad del fenómeno chileno. Y si se estima la depreciación de la moneda local solo desde el 11 de marzo, el resultado es aún más impresionante: si ese viernes el tipo de cambio se cotizó en $805, ayer cerraba en torno a los $970. Dicha pérdida de valor supera las debacles del peso argentino (oficial) y la lira turca, ambas en torno al 16% en el mismo lapso.

Lo anterior demuestra un elemento fundamental e indesmentible: la depreciación del peso chileno va mucho más allá de lo que puede ser explicado por las condiciones internacionales, particularmente por el menor valor del cobre. En otras palabras, los niveles de incertidumbre institucional generados tanto por un proyecto constitucional de mala factura como por una reforma tributaria anunciada en un escenario de turbulencias, sumados a los problemas de gestión de esta administración, explican parte importante del rápido ascenso del tipo de cambio.

El impacto sobre la población es múltiple. El mayor valor del dólar se traspasa a los precios de todo bien que en su cadena de elaboración depende de productos importados. La velocidad de este proceso depende de las expectativas y preocupaciones de los agentes. Por eso, mientras más empinado es el aumento del tipo de cambio, más rápido es el traspaso. Este canal inflacionario debería, al menos en parte, reflejarse en el IPC que se presentará el viernes, pero con mayor fuerza en los que se publicarán en agosto e incluso septiembre. Así, los próximos meses serán muy complejos para las familias.

Un segundo elemento dice relación con la pérdida reputacional del país, reflejada en la desconfianza de los agentes al cambiar sus posiciones de pesos por dólares. El efecto de ello es de mediano y largo plazo, aun cuando ya viene arrastrándose desde hace meses, y su impacto más directo es sobre la inversión y el crecimiento, afectando las oportunidades de empleo y progreso.

Lamentablemente, las opciones para hacerse cargo de este escenario son reducidas y requieren de un grado de prolijidad extremo. En un contexto de tipo de cambio flexible, en donde es la tendencia y no la volatilidad la que lo eleva, el Banco Central debería resistir la tentación de intervenir el mercado cambiario, y solo aumentar la tasa de interés si es que la espiral inflacionaria se acelera por el mayor valor del dólar. Lo contrario significaría un daño patrimonial de proporciones para el instituto emisor (similar al que ha sufrido Hacienda con su equivocada intervención) y conformaría una compleja señal para los mercados. En efecto, con reservas limitadas (en torno al 15% del producto) y una economía nacional de mediocres proyecciones futuras, combatir el alza inflacionaria con una venta masiva de dólares alentaría la especulación, pero tendría solo un impacto muy limitado sobre el tipo de cambio. Pero, además, luego de las inapropiadas declaraciones del ministro Marcel ayer —que incluso podrían ser consideradas por algunos como una interferencia en el quehacer del Banco—, una acción cambiaria podría interpretarse como el resultado de las presiones del Ejecutivo, lo que agravaría el daño reputacional. En cualquier caso, el dato inflacionario de mañana será determinante para las difíciles decisiones que deberá tomar el Consejo del Central.

Tampoco existen demasiadas opciones para el Ejecutivo. Este ya enfrenta presiones para entregar nuevas transferencias monetarias, incluida la idea de un IFE de invierno que puede acelerar y extender el proceso inflacionario en el corto plazo, y borrar las promesas de una consolidación fiscal en el mediano. Solo un esfuerzo muy limitado y transitorio, focalizado quizás en el 15% más vulnerable de la población, podría evitar el efecto multiplicador del gasto público. Las opciones para una fórmula razonable como esa pueden, sin embargo, verse restringidas cuando sectores del oficialismo presionan por una inyección sustantiva de gasto público, apostando a que ello mejoraría las posibilidades de la alternativa Apruebo en el plebiscito de septiembre.