El país, su economía, pasa por un período de gran incertidumbre. A lo anterior se agrega una inflación de dos dígitos y un crecimiento negativo proyectado para los próximos trimestres. ¿En esta compleja situación económica tiene sentido ingresar una reforma tributaria?

Lo que uno quisiera en una situación como esta es más bien estimular el crecimiento y evitar presiones directas sobre los precios. Por ende, a simple vista, una reforma tributaria no pareciera ser lo más adecuado. Más aún si sabemos que además viene una reforma previsional que aumentará, por aumento de contribuciones, la carga tributaria en alrededor de 1,8% del PIB, y que si se aprueba la propuesta de Nueva Constitución tendremos presiones por más impuestos regionales.

Ahora, como siempre, no todo es negro o blanco. Tenemos una deuda pública que ha crecido de forma sostenida en los últimos años y que podría pasar los límites razonables para una economía en desarrollo. El ministro de Hacienda planteó que el programa del Presidente Boric cuesta 30 mil millones de dólares, de los cuales la mitad, 5% del PIB, se financiaría con mayores tributos. Es decir, sin mayores ingresos fiscales tendremos un aumento de 5% del PIB de deuda más allá de lo pronosticado hoy para el actual Gobierno. Y un déficit, también adicional, para los siguientes años de alrededor de 2,5% del PIB, si pensamos que la mitad de estos 15 mil millones pasa a ser un gasto permanente. Con esto, la deuda pública pasaría fácilmente el nivel prudente de 45% del PIB que el mismo gobierno se impuso, aumentando nuestro riesgo país y dejando a los futuros gobiernos con un pago de intereses importante que va a limitar fuertemente el posible gasto social.

A lo anterior se suma que tenemos un sistema tributario que es cuestionado por dejar espacios para que los contribuyentes con mayores ingresos, y por ende mejores asesorías, paguen menos impuestos. Generando cuestionamientos en la población.

En suma, el panorama no es para nada fácil, y pareciera que estamos en una situación donde necesitamos cuadrar el círculo. Se debe recaudar más, pero con el mínimo impacto en la inversión y la actividad económica. ¿Es posible? Creo que algunas medidas sí podrían lograr estos objetivos.

Primero, estamos con altos precios del cobre, pero baja actividad económica. Esto se debe a que, a diferencia de otros ciclos, no vemos una gran inversión en el sector. ¿Por qué? En gran medida por la incertidumbre que vivimos. En este punto, un proyecto de Impuesto Específico a la Minería con tasas razonables, que hicieran que el Estado se apropiara entre el 45-50% de las utilidades de las mineras durante toda la vida de un proyecto, tasas similares a Perú y Australia, daría ingresos al fisco, pero también daría una señal de la postura del actual Gobierno respecto al sector. Esto reduciría la incertidumbre facilitando la inversión. Los anuncios del Gobierno, con la información hasta ahora revelada, muestra un impuesto con la estructura que sugieren los expertos mundiales, pero al parecer, dados los montos de recaudación presentados, las tasas nos dejarían por sobre el máximo del 50% antes mencionado, también propuesto por los expertos mundiales.

Segundo, políticas concretas contra la evasión y la elusión, que se han venido planteando hace años, y que la propuesta del Gobierno incluye, como son perfeccionamiento de la Norma General Antielusión, la creación de un denunciante anónimo remunerado, el registro de contribuyentes finales de las rentas del capital, entre otras, son medidas que aumentan la recaudación y a la vez reducen la distorsión que se genera al no pagar todos los impuestos que corresponden.

Tercero, el fin de beneficios injustificados que existen hoy en algunos instrumentos de inversión, fondos de inversión privados, entre otros. Eliminarlos tiene un apoyo transversal y ayuda a recaudar.

Ahora hay otras medidas, que generan ruido, y su pertinencia hoy es más dudosa. El retiro del beneficio a los intereses compensado con el beneficio del pago de arriendo. ¿Cuánto recauda el neto? Estando de acuerdo o no, plantear un cambio mayor a la estructura del sistema tributario abre muchos temas y afecta muchos sectores. Esto aumenta la incertidumbre y, por ende, hace que la decisión de cualquier inversión se postergue hasta ver el impacto final del cambio. A lo anterior se suma que es dudoso cuánto podría recaudar el actual Gobierno con estas medidas, pues sabemos que su implementación toma años. Además, en régimen no es claro cuánto más recaudará, pues en algunos casos puede bajar la tasa total sobre las rentas del capital.

De igual forma, sabiendo que puede ser eficiente en ciertas situaciones, plantear hoy un impuesto al patrimonio, más allá del impuesto inmobiliario, levanta una serie de temores, y no es obvio cuánto recauda si uno mira las experiencias en los países OECD.

Finalmente, sin saber aún los detalles, y teniendo experiencias de implementaciones anteriores, no es fácil ver un aumento en la recaudación que llegue a lo planteado por el Gobierno, menos aún en los próximos dos años.

La posibilidad de cuadrar el círculo en el tema tributario, recaudar sin deprimir más el crecimiento en el corto plazo, implica recaudar menos y, por ende, tener que revisar los gastos fiscales y bajar las expectativas.