El flujo descontrolado seguirá escalando. La tolerante gestión migratoria del Gobierno incentiva la irregularidad, los riesgos para la seguridad de la población y la dignidad de los propios migrantes. En las travesías exponen sus vidas. En el ingreso clandestino surgen las consecuencias de mezclarse con bandas criminales y redes de narcotraficantes, se los expone a la trata de personas, y la irregularidad dificulta su asentamiento.

La falta de exigencia de antecedentes a los migrantes complica la labor de las policías para resguardar la seguridad pública y desarticular mafias y carteles.

Notable fue el descubrimiento de uno de los jefes del Tren de Aragua condenado por crímenes en Venezuela. Trabajaba usando como pantalla sus servicios a una reconocida empresa de reparto que ha empleado a varios miembros de esa organización. No hay mayor fiscalización de empleadores y funcionarios en la contratación legal de extranjeros.

Acertada es la promesa del Presidente Boric. En Arica, reconociendo la crisis migratoria, afirmó que no permitirá “que la inmigración venga de la mano de la criminalidad”. Pero sus dichos se contraponen con la realidad, con lo obrado por sus asesores y percepción ciudadana.

Para honrar la promesa presidencial, se requieren medidas concretas y cambios de dirección en la política permisiva de su gobierno.

Durante la campaña presidencial del Presidente Boric, al igual que el Presidente Biden, se anticipó un perdonazo para los ingresos ilegales. Las repercusiones fueron inmediatas. Se desató un explosivo y recurrente aumento de la presión migratoria. También se ofreció vivienda, sin distinguir entre migrantes legales e ilegales. Lo mismo se contiene en la propuesta constitucional.

Más indicativo: según el anterior jefe del Servicio Migratorio, el nuevo gobierno suspendió las expulsiones administrativas de los ingresos clandestinos; solo tres se han materializado, y a solicitud de los propios afectados; se cancelaron los vuelos contratados para este efecto; se puso término a las reconducciones en la frontera con Bolivia, salvo de bolivianos; se modificó la normativa sobre refugio para hacerla discrecional; se puso término al estado de excepción en la frontera norte. Suma y sigue.

Las señales son importantes para crear expectativas de impunidad.

El Gobierno debería reaccionar en favor de una política migratoria segura, regular y ordenada, principio de derecho internacional, que valora la migración. Por el contrario, su transgresión produce inseguridad, rechazo ciudadano, incluso discriminación, xenofobia y pobreza.