Un problema global es hoy la inflación. Los monumentales esfuerzos fiscales desplegados en la pandemia terminaron generando aumentos en los precios. Se sumaron la invasión de Rusia a Ucrania y las dificultades para restablecer las cadenas logísticas. Así, las proyecciones del FMI para 2022 apuntan a una inflación del 5,7% para las economías avanzadas y de 8,7% para las emergentes. Sin embargo, la duración y velocidad del fenómeno dependerán fundamentalmente de las condiciones de cada país.

Central en las economías avanzadas es la posibilidad de activar la producción de determinados bienes, particularmente los sensibles a la situación geopolítica global, para reducir las presiones de demanda local. Esto explica, por ejemplo, los empeños en EE.UU. para retomar la producción doméstica de petróleo. Otra opción que se explora es la reducción transitoria de impuestos específicos. En Italia, Reino Unido, Alemania y el propio EE.UU. se discute la rebaja por algunos meses del tributo a las gasolinas. Además, se redoblan esfuerzos por asegurar la independencia de los bancos centrales y la prolijidad en las políticas públicas.

En Chile, la intervención cambiaria de Hacienda no solo no tuvo impacto sobre el tipo de cambio —el dólar alcanzó ayer el récord histórico de $930—, sino que la forma de su anuncio resulta cuestionable, en momentos en que desde el mismo Banco Central se ha indicado repetidamente que no existen las condiciones para intervenir. Cuando el alto precio del dólar se ha transformado en un lastre para contener la inflación, estas descoordinaciones deben ser evitadas.

Aunque debe esperarse conocer el detalle del proyecto para evaluar sus contenidos, también la reforma tributaria podría transformarse en otro obstáculo para el combate a la inflación. Más allá de las comparaciones de la carga de Chile respecto de la OCDE —debate que tiende a pasar por alto las circunstancias del país, enfrentado a mediocres proyecciones económicas y a un proyecto constitucional que compromete las bases del desarrollo—, no parece del todo prudente plantear una reforma que, eventualmente, reduciría los incentivos a invertir y golpearía el ingreso disponible de las personas (mayores tasas sobre el global complementario). Tales ideas han sido justificadas en la necesidad de financiar proyectos sociales, pero también bajo argumentos de redistribución y —en sectores más radicalizados— recurriendo a una retórica de clases. Frente a la magnitud del problema inflacionario y de un rezagado crecimiento, tales argumentos pueden ser insuficientes tratándose de impuestos que afectarán a parte de la clase media.

Respecto del royalty minero, se incluiría un nuevo impuesto al sector por medio de una indicación sustitutiva al deficiente proyecto que hoy se discute en el Senado. Pero el reemplazo de una muy mala iniciativa por otra menos mala no hará a la minería local más competitiva. Y, al contrario, un mal proyecto podría ahuyentar capitales, con la consiguiente presión sobre el tipo de cambio y la inflación.

Similar efecto emana del impuesto al patrimonio. La idea fue parte de la campaña del Presidente Boric. La experiencia comparada, sin embargo, muestra que este tipo de tributos tiene mal resultado, pues desencadena una rápida salida de capitales del respectivo país. En este sentido, vale la pena reparar en las estadísticas del Banco Central en cuanto al total de las posiciones netas del mercado cambiario formal. Desde 2015 hasta el primer trimestre de 2020, la posición diaria neta había sido siempre negativa, es decir, existía una posición vendedora neta de moneda extranjera (cerca de US$ 2.000 millones más de venta que compra de dólares diarios). En julio de 2020, tal patrón tuvo un violento vuelco. Desde entonces la posición diaria ha sido siempre compradora neta: se compran más dólares que los que se venden. Un probable factor, como ha sido documentado en el pasado, es que cuando se anticipan impuestos al stock de recursos, las personas de alto patrimonio reaccionan retirando sus capitales. Actualmente, la posición compradora neta sigue, alcanzando en promedio US$ 1.000 millones diarios. Esto sostiene el gran ascenso del tipo de cambio, con todo su impacto sobre los precios de cientos de productos de consumo diario por la población. El resultado es desafortunado: dadas las circunstancias locales, un impuesto que apunta a gravar a “los ricos” puede terminar afectando a todos y particularmente a los más pobres, al generar inflación.