El borrador constitucional declara la seguridad alimentaria como un deber del Estado. Ciertamente, debe ser una preocupación del Estado disponer de herramientas que cercioren esta seguridad, pero existen distintas formas de lograr este objetivo, algunas de las cuales son peores que otras. Ciertos miembros del Gobierno y convencionales creen que esto requiere intervenir la economía para producir más cereales y menos productos agrícolas de exportación.

Para que nuestro país aumente la producción de cereales, se debe cerrar la economía, evitando así que los agricultores dediquen las tierras a usos más productivos de exportación. El resultado será una menor seguridad alimentaria. Cualquier peste o sequía reducirá las cosechas nacionales, obligándonos a importar alimentos. Una economía cerrada será más pobre, y normalmente enfrenta escasez de recursos financieros internacionales y las divisas tienen un precio elevado. Comprar alimentos en años de malas cosechas tendrá un costo elevado y sacrificará importaciones de bienes necesarios para la producción doméstica. Además, las importaciones enfrentarían oposición de los agricultores, porque atentarían contra la política de producción doméstica de cereales.

En una economía abierta, el resto del mundo es el seguro alimentario de Chile. Si el país tiene pestes y sequías que afectan la producción de cereales, es fácil importarlos, porque existen recursos debido a una producción más eficiente. Como ejemplo, solamente las exportaciones de cerezas son suficientes para importar los cereales que necesitamos. El país puede pagar varias veces los cereales que importa con sus exportaciones agropecuarias.

Ante la objeción de que la guerra de Ucrania ha hecho aumentar los precios de los cereales, la respuesta es que el país no enfrenta problemas de escasez de alimentos. Son los países pobres los que sufren, no los países de ingresos medios o altos. La apertura comercial permite que un país más rico pueda pagar por importaciones más caras. Si existen grupos de muy bajos ingresos afectados por el mayor precio del pan o del aceite, el país dispone de recursos para entregar subsidios focalizados para amortiguar el impacto. Además, los precios no pueden elevarse demasiado. Casi la mitad de la producción mundial de cereales se usa en alimentación animal. Al subir su precio, los productores de carne adelantan la faena de los animales, liberando cereales para el consumo humano.

Un mayor riesgo es un evento —guerra, por ejemplo— que interrumpa el movimiento marítimo. La estrategia apropiada ante tal caso es crear reservas de cereales suficientes para una interrupción de mediana duración del transporte internacional. Esto requiere financiamiento del Estado, y en ese sentido responde al requerimiento de seguridad alimentaria.

La idea de que la seguridad alimentaria se consigue mediante la autarquía alimentaria es una falacia que demuestra ignorancia de principios básicos de lógica, economía y agricultura. Guiar nuestras políticas públicas por estas nociones nos empobrecerá y reducirá nuestra seguridad alimentaria.

Ronald Fischer
U. de Chile e ISCI