Se promueve aprobar la propuesta constitucional para luego hacerle sendas mejoras. Un reciente documento del PPD identifica cuestiones sustanciales a mejorar, cuando en realidad conforman la columna vertebral de la propuesta constitucional. No se trata de asuntos aislados ni de ajustes menores, sino de reglas y principios que atraviesan el texto, afectando a tal punto las libertades y las bases del progreso que, de aprobarse, configurarían un escenario irreversible. Nunca debe dejar de considerarse el factor de contexto político que primará si triunfa el Apruebo. Aunque ganare estrechamente, será presentado y apalancado por la extrema izquierda y el Gobierno como un hecho histórico. Otro más. Con una extrema izquierda triunfalista y envalentonada, agresiva con quienes piensan distinto —incluso hoy, cuando el favor de la población les es esquivo—, imagine lo que ocurrirá si se impone el Apruebo. Reformar la propuesta “histórica” será una traición al pueblo.

Más allá de esa gran dificultad, las reglas establecidas son otra gran barrera. El Congreso actual requerirá de un quorum de 4/7 más plebiscitos ratificatorios en las materias de mayor relevancia y, a diferencia de lo que se le exigirá al Congreso plurinacional de 2026, el actual deberá plebiscitar, además, reformas sustanciales a los capítulos de naturaleza, medio ambiente y normas transitorias. Pero a esto se suma una cuestión muy compleja y particular: la cuestión indígena. En el capítulo de derechos fundamentales de la propuesta se establece que “Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos, a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe”. Por su parte, el capítulo de Forma de Estado señala: “Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública, con arreglo a la Constitución y las leyes. Deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen. Los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten”.

Así, el proceso legislativo deberá considerar la consulta indígena previa, la que es aplicable a las reformas constitucionales pues, en lo no previsto en el capítulo de reforma constitucional, rige el procedimiento de formación de la ley. Su alcance es más amplio que lo que dispone hoy el Convenio 169 de la OIT, que exige que la afectación sea directa. Luego, la sola consulta podría dilatar eventuales reformas y, llegado que fuere el Congreso plurinacional de 2026, no perseverará en ellas. Pero además está el consentimiento previo. Hay quienes sostienen que quedó circunscrito a materias locales al insertarse en el capítulo de Forma de Estado (que en todo caso no son pocas). Pero otra lectura indica que son las autoridades locales las encargadas de garantizar el proceso “participativo”, pero que no se circunscribe a materias de interés local. Materias nacionales también tienen una implementación local. La amplitud y extensión de la frase “Los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten” sería decidora. Si en el mejor de los casos es una cuestión de interpretación, ¿usted cree que las naciones indígenas no exigirán el veto? La propuesta constitucional, fallida en sus pilares estructurales, está blindada. Para qué vamos a recordar que, si se aprueba en septiembre y en adelante quisiera hacerse una nueva Constitución, la tarea no es del Congreso, sino de una Asamblea Constituyente “integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, y con escaños reservados para pueblos y naciones indígenas”.

Aprobar para mejorar es un sueño o una pesadilla. No comprendo que un sector de la otrora Concertación de Partidos por la Democracia, que luchó por ella y apalancó el progreso y bienestar de la población, esté dispuesto, paradojalmente, a prestarles ropa a quienes los desprecian y usan a conveniencia.