El 10 de junio de 2022 el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó una encuesta en que la ciudadanía consultada declaró tener apenas un 4% de confianza en los partidos políticos. El 30 de abril de 2021, el mismo Centro informó que esa confianza llegaba a solo 2%. Por su parte, Cadem el 11 de octubre de 2020 anunciaba que ningún partido político tenía más del 4% de imagen positiva para la ciudadanía consultada. Y la encuesta FIEL-MORI, el 26 de noviembre de ese mismo año, comprobó que solo el 6% de los consultados confiaría a los partidos políticos la redacción de la nueva Constitución. Son cifras actuales… Pero diversas agencias, desde 1991, han realizado encuestas para medir la confianza del pueblo en los que dicen ser representantes de su “soberanía”. Las cifras registradas desde entonces muestran que esa confianza ha venido cayendo verticalmente: 1991: 39,8%; 1994: 24,8%; 1999: 24,3%; 2007: 20,0%; 2009: 8%; 2013: 6,9%. Es decir: la confianza cívica en la clase política ha caído, en plena “democracia neoliberal”, del 39% al 2%.

Esta grave crisis de representación, ¿es un fenómeno nuevo en la historia de Chile?... No, no es nuevo: es endémico. Pues, entre 1907 y 1925, el régimen político “oligárquico-parlamentario” provocó la indignación no solo de los trabajadores, sino también de la clase media, los industriales, alcaldes, estudiantes, profesores, ingenieros e, incluso, de la oficialidad joven del Ejército... Y fue el Ejército el que dio un golpe de Estado para “extirpar —según anunció— la gangrena moral” que los políticos estaban inyectando a la República, y para convocar a una Asamblea Constituyente a efecto de que el pueblo expresara, allí, su “voluntad soberana”… Y en menos de una semana, envió al Presidente Alessandri al exilio y disolvió el Congreso Nacional, sin disparar un tiro… Pero Alessandri, apoyado por todos los partidos, volvió y dictó una Constitución que entregó de nuevo el Estado a los “políticos”. Tanto así, que el general Carlos Ibáñez, llamado a La Moneda en 1952 para “barrer” a esos políticos, fue barrido por estos…

¿Fue todo? No, porque en el siglo XIX, y debido a la imposición “tiránica” (militar) de la Constitución de 1833, la juventud liberal, los artesanos, la oficialidad del Ejército, los pueblos de provincia, el pueblo mapuche y el propio pueblo mestizo, se rebelaron contra la “tiranía”, armas en mano, en 1830, 1837, 1851, 1859, 1862-82, incluso, con el ejército constitucional en 1891… Para consumar la “revolución constituyente”… Pero la oligarquía santiaguina, echando mano al Ejército (pretoriano) que ella organizó, masacró seis veces a la sociedad civil…

¿Y es este un fenómeno exclusivamente chileno? No: es y ha sido mundial, pues la crítica sistemática a la “clase política” la iniciaron los sociólogos Gaetano Mosca en 1896 y Robert Michels en 1911, concluyendo que era una fábrica de “oligarquías”. Crítica que nadie ha refutado después. Al contrario, la han reforzado —siglos XX y XXI— intelectuales de la talla de W. Mills, Th. Veblen, S. M. Lipset, J. Habermas, N. Bobbio, P. Bourdieu, y muchos otros...

Lo notable es que, aunque solo el 6% de los chilenos “habría” confiado en 2020 la “revolución constituyente” a la clase política, fue esta la que regló y delimitó —una cálida noche de noviembre— a la Asamblea Constituyente (¿libre?) que la ciudadanía chilena venía exigiendo desde 1830. La “Convención” resultante trabajó —bajo la lupa mezquina de los “expertos”, la billetera corta del Gobierno, y la espalda desdeñosa de los “medios”— hasta junio de 2022, cuando entregó el “borrador” de la nueva Constitución. Y no constituye ninguna sorpresa histórica que los políticos, tras una ojeada al feto constitucional, echaran mano a su arsenal de adjetivos patronales (sin análisis de fondo) contra lo que han considerado siempre “balbuceos de asamblea”. Y algunos exclamaron: “¡Mamarracho!”, mientras otros, más solemnes, enunciaron: “Es, en un 80%, dañino”. Lo mismo dijeron los aristócratas de Santiago en 1829, después que hojearon la (legítima) Constitución “popular-representativa” de 1828. La que abolieron sin falta, con un ejército mercenario, en 1830…

El “borrador” de 2022, con todo, proclama “principios” nunca mencionados antes: lo social-participativo, la defensa del medio ambiente, la paridad de género, el reconocimiento de los pueblos originarios, el imperativo de la ética política, etcétera. Es cierto que el “ciudadano” es definido allí solo por su derecho a voto, y que los distritos electorales siguen convocando a “individuos”, no a la “comunidad”… Pero, al menos (y no es poco), intenta autonomizar las regiones (crea asambleas regionales) y las comunas (crea asambleas comunales). Es decir: crea la posibilidad de que la ciudadanía, organizada y atrincherada en ellas, aprenda, allí, a desarrollar su capacidad política, y que desde ellas —si las asume por sí y para sí como “soberanas”— pueda firmar, por fin, el finiquito de sus pegajosos “representantes” (alegando “necesidades de la sociedad civil”), sea dándolos de baja, sea haciéndolos responsables ante el mandato ciudadano, sea fortaleciendo a todo nivel la auto-representación. Es cuestión, solo, de auto-educarse y auto-proponérselo. Hay tiempo.

Gabriel Salazar
Historiador