Muchos ciudadanos aprobaron en el plebiscito constitucional de entrada porque creyeron que obtendrían mejores pensiones. El proyecto de la Convención no cumple esa esperanza.

Las pensiones contributivas son debilitadas por el proyecto de la Convención, pues dichas leyes están excluidas del requisito de “concurrencia presidencial”. Eso permite que cualquier mayoría circunstancial de diputados modifique esas leyes sin el acuerdo de Hacienda.

Si el texto de la Convención se aprobara, habría déficit financiero cuando una frágil mayoría de diputados se ponga populista, seguido de fases de reducción de pensiones a como dé lugar. España provee un ejemplo: en 2011 respondió a la asfixia fiscal creada por la ley que promete pensiones por el 80% del sueldo, por medio de legislar que las pensiones se reajustaran en menos que la inflación. Esa fase se revirtió en 2022 con otra ley, pero el Banco Central de España ya informó que los recursos no alcanzarán. En la próxima fase, Bruselas impondrá otro corte.

Respecto de las pensiones “no contributivas” que paga el Estado, fue Sebastián Piñera, con su ley de febrero de 2022, quien aprobó un aumento sustancial de este subsidio para los mayores de ingreso medio. Desde el 1 de febrero pagó pequeños incrementos a los más pobres, pero dará incrementos mucho mayores a los grupos medios a partir del 1 de agosto, justo antes del plebiscito.

Hoy, ante la urgencia de ganar el plebiscito de salida, muchos en el Gobierno esconderán que los fuertes incrementos de pensión de agosto se deben a Sebastián Piñera, prefiriendo acomodar el rumor de que sería un beneficio de la Convención o del Gobierno.

Otra estrategia es potenciar el conflicto público con las administradoras. Algunos buscan obtener ahora, antes del plebiscito, declaraciones duras de su parte, que permitan vincular el sentimiento de abuso que muchos ciudadanos mantienen respecto de las altas utilidades operacionales (sin encaje y sin negocios de coligadas) de dichas empresas, con la idea de que la Convención reduciría dichas utilidades. En realidad, el proyecto de la Convención no toca el tema. La estrategia de las administradoras, por su lado, explota el pánico de la ciudadanía a que Gabriel Boric expropie parte de sus futuras cotizaciones y las que los empleadores harán a su nombre, pero financiarán por medio de bajar su salario.

Mientras, Gabriel Boric promueve medidas que aumentan las lagunas o interrupciones de cotización, que son la causa de las bajas pensiones del sistema antiguo y del sistema creado en 1980. Propone reducir a 40 horas la jornada semanal, elevar el salario mínimo del cual están exentos los independientes y los dependientes informales, y extraer un 6% desde los sueldos formales con el fin de alimentar una lista de subsidios. También se niega a perseguir a los comerciantes ilegales que ocupan las veredas de las ciudades y evaden cotizaciones. Todo esto, en medio de un desplome de la inversión y futuro frenazo de la actividad.

Eso ampliará las lagunas mientras no vayan acompañadas de aumentos serios de fiscalización del pago de cotizaciones por las pymes. También deberían ir acompañadas de la obligación estándar en la OCDE que exige haber cotizado por un ingreso presunto a aquellos independientes que soliciten renovar permisos (feriantes, taxistas, pescadores y otros que, al no dar boleta de honorarios, están exentos de cotizar). En España, el ingreso presunto para las cotizaciones mínimas de independientes es 1.167 euros al mes.

Sería un grave retroceso para la seguridad social en Chile que se elevara escalonadamente la tasa de cotización hacia el 18,6% de Alemania o al 17,4% de Francia, sin condicionar a que en cada escalón disminuyan previamente las lagunas de cotización, vía aumentos en el volumen y eficiencia de la fiscalización a la cotización de pymes e independientes.