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Editorial
Lunes 20 de junio de 2022
¿Aprobar y mejorar?
La definición del PPD es reveladora del escaso margen de cambio que admitiría la propuesta constitucional, de ser aprobada.
El Partido por la Democracia (PPD) emitió una declaración en la que señala su apoyo a la opción Apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre. En una variante respecto de las opiniones emitidas por otros sectores de la centroizquierda que habían utilizado la expresión “aprobar para reformar”, prefirió denominar su postura como “aprobar y mejorar”. De esta manera, da a conocer su conformidad general respecto de la orientación de la propuesta de nueva Constitución; manifiesta que muchas de las dudas y aprensiones que diversos sectores han planteado provendrían de desinformación y “campañas del terror”, aunque también reconoce legítimas preocupaciones ciudadanas, y finalmente expresa la necesidad de corregir algunos aspectos, por cierto distintos de los que provocan esos temores.
Así, pareciera estarse decantando en una parte de la centroizquierda una postura según la cual rechazar el texto —respecto del cual han tenido fuertes críticas a lo largo del proceso— sería una señal de continuidad que no están dispuestos a asumir, por los costos políticos que les traería. De este modo, prefieren aceptar un proyecto refundacional que no los satisface antes que corregir la Constitución vigente.
En el caso del PPD, algunos de los temas que propone cambiar son del todo formales (llamar “Senado de las Regiones” a la “Cámara de la Regiones” y “Poder Judicial” a los “sistemas de justicia”), mientras que otros se refieren a aspectos como impedir la reelección inmediata del Presidente de la República, recuperar el derecho de propiedad intelectual industrial, fortalecer la participación ciudadana o definir un sistema electoral que asegure gobernabilidad. Se trata de planteamientos atendibles y positivos, pero llama la atención que el partido no manifieste inconvenientes con materias como la plurinacionalidad, el poder omnímodo del Consejo de la Justicia y sus efectos sobre la independencia judicial, el modelo de Estado regional y las autonomías que se consagran o el desequilibrado diseño del sistema político, puntos transversalmente cuestionados y que integran la columna vertebral de la propuesta.
Como “mejorar” un texto aprobado en un plebiscito resulta un ejercicio político de alta dificultad, comparado con modificar uno respecto del cual un referéndum anterior ya aprobó cambiarlo, el PPD y los sectores críticos de la Convención que sin embargo están dispuestos a respaldar esta propuesta, deberán cargar con las eventuales consecuencias que de ello se deriven. Pero, además, al excluir de su listado de posibles perfeccionamientos las fallas más estructurales, anticipan el escaso margen que existiría para efectivamente mejorar el deficiente texto de la Convención.