Señor Director:

Me entero por “El Mercurio” (18 de junio) que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que la Armada debía retirar la estatua del almirante Merino del frontis del Museo Marítimo y Naval de Valparaíso. Esto se fundamenta en que por haber sido miembro de la Junta Militar se le atribuye (post mortem) responsabilidad en la violación sistemática de los derechos humanos, delitos que califica como de lesa humanidad, por lo que serían imprescriptibles. Así, la Armada estaría contraviniendo la garantía de no repetición de los hechos denunciados por los recurrentes, los cuales, agrega el fallo, verían afectada su integridad psíquica a la vista del citado monumento.

Al respecto, probablemente por mis escasos conocimientos jurídicos, me sorprende que se le pueda atribuir post mortem a una persona responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, simplemente por el alto cargo que había desempeñado; además, dado que tales crímenes se incorporaron en Chile el año 1990, se estaría aplicando una ley con efecto retroactivo. Tampoco logro entender por qué el traslado de una estatua contribuiría a la no repetición de los hechos, a no ser que se asuma que con solo mirarla podría despertar instintos asesinos en algunas personas, en este caso, los marinos.

Por último, si un monumento afecta la psiquis de los recurrentes, con mayor razón lo haría la presencia física de un supuesto violador, categoría en que caerían todas las altas autoridades aún vivas del gobierno militar, las que deberían ser condenadas a recluirse en sus casas. ¿Para allá vamos?

Miguel A. Vergara Villalobos