No fue un descuido. Ni una omisión involuntaria. Como señalaron dos académicos en una carta a este diario, era la performance final, antes de que la Convención bajara la cortina: descartar a los cuatro expresidentes de Chile de los invitados a la ceremonia de entrega del borrador de Constitución.

Las razones para explicar esa decisión dicen mucho respecto del espíritu que ha cruzado la Convención desde el primer día. Y que se haya revertido es ya irrelevante. Porque lo esencial no era tener o no una invitación para asistir a un acto, sino el rol que la mayoría dominante de la Convención asigna a los exmandatarios de Chile. Omitirlos por aforo pretendía ubicarlos en el lugar que, a su juicio, merecen: el desprecio como protagonistas de los “30 años”, concebidos como una época oscura de nuestra historia.

La otra razón es incluso más grave: prevenir un probable escándalo con la presencia del expresidente Sebastián Piñera: “Nos parece conflictivo”, sentenció una convencional. Que existiera ese temor o, peor todavía, incomodidad, indica una particular visión sobre la democracia, frente a quien ha sido elegido dos veces para conducir a Chile, en cuyo gobierno se inició el proceso constitucional, que además fue fruto de un acuerdo al que concurrieron los partidos políticos de su coalición. Es, además, otra demostración de que una mayoría de sus integrantes no terminó de comprender la dignidad que los envuelve y que obliga al decoro, porque el mandato para el cual fueron elegidos es más importante que sus propias emociones.

Es la Convención la que se ha humillado ante Chile y su historia, que es bastante más que la épica de una nación que se reinventa las veces que sea necesario. A pesar de los déficits y deudas pendientes, es la historia de un esfuerzo monumental para darle estabilidad política, crecimiento económico y paz social, para superar la pobreza de millones de familias; modernizar sus instituciones, y para convertirse en una sociedad respetada y admirada.

Probablemente en un intento de aminorar los efectos de una decisión no solo injusta, sino políticamente torpe — cuando una parte del electorado esperaba una razón más para decidir su voto el 4 de septiembre—, el Presidente Gabriel Boric ha dicho que “es bueno que se reconozca el aporte de quienes nos precedieron”. En tres meses se ve que han comprendido la implicancia de gobernar, cuán difícil es mover voluntades y que, en democracia, las normas, e incluso la tradición, están por encima de las preferencias personales.

Es difícil separar el devenir de la Convención, de sus horas iniciales, cuando una convencional golpeaba con violencia la testera e interrumpía a la representante del Tribunal Electoral, mientras empezaba a leer el acta. Cuando se acallaba a un coro de niños que cantaba el himno nacional. Y de los meses siguientes, con adultos pateando los muebles del salón plenario del ex Congreso Nacional, para celebrar pequeñas victorias en el espacio que resumen 200 años de vida republicana. O las negativas para que instituciones y especialistas expusieran su visión constitucional, en las comisiones que resolvían el texto (la más simbólica de las exclusiones fue la del Colegio de Ingenieros, pero hay muchas más).

Y sería ingenuo separar el fondo, que expresa la visión de la mayoría que ha visado la propuesta constitucional, de las formas. La voluntad de excluir y dividir, la arrogancia de autopercibirse por encima de todas las instituciones y sus protagonistas. El deseo de imponer otro Chile, sin historia o, en el mejor de los casos, con una historia despreciada y, por tanto, digna de ser refundada.