Amplio apoyo ha recibido la propuesta de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker para impulsar una reforma de los quorum que la actual Constitución exige para su reforma. Estos son de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio para la mayoría de los capítulos de la Carta y de 2/3 para la modificación de los capítulos sobre Bases de la Institucionalidad, Derechos y Deberes Constitucionales, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el capítulo de la reforma de la Constitución.

La propuesta aludida sugiere bajar dichos quorum a 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, lo que allana el perfeccionamiento de la actual Constitución por consensos políticos viables y realistas que conciten un apoyo transversal de las diversas corrientes que accedieron al Congreso en virtud de la elección de noviembre pasado.

Pero, además, tiene la virtud de mostrar un camino institucional, posible y democrático, en caso de que no triunfe la opción Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo, opción que solo revelaría que la ciudadanía no se siente identificada con el tipo de país que se nos propone en la nueva Constitución.

De allí la importancia de ir pensando en las modificaciones que podrían introducirse a la Carta vigente a partir de lo que la ciudadanía ha mostrado requerir y anhelar.

En este orden de ideas, y considerando las normas que hoy integran el Capítulo I, sobre Bases de la Institucionalidad, parece necesario reconocer que la familia, “en sus diversas modalidades o manifestaciones”, constituye el núcleo fundamental de la sociedad.

Del mismo modo, entre los deberes que se imponen al Estado, en razón del bien común, todo aconseja poner énfasis en la seguridad de la población, en la integración no solo armónica, sino que solidaria entre los distintos sectores del país, como en la protección del medio ambiente y del patrimonio histórico y cultural del país, en sus diversas manifestaciones, incluyendo las que provienen de los pueblos indígenas.

La definición de “Chile como una república democrática” debiera sustituirse por el reconocimiento de Chile como un Estado social y democrático de Derecho, siguiendo el modelo de las constituciones posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial, agregando que se organiza bajo la forma de una república, con respeto a valores sustanciales como la dignidad de toda persona, la igualdad sustantiva y el pluralismo político y social.

Por su parte, el régimen democrático debiera concebirse como representativo y participativo fomentando el Estado las debidas alianzas con los particulares en un marco de adecuada gobernanza, como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD.

A su vez, siguiendo el criterio mayoritario en el constitucionalismo contemporáneo, la soberanía debiera radicarse en el pueblo, en sus diversas expresiones culturales (no solo las indígenas), y ejercerse por los ciudadanos a través de elecciones y plebiscitos, así como mediante las demás formas de democracia directa que la Carta contemple, sin perjuicio de que también se ejerce por las autoridades que la Constitución establece.

En lo que se refiere a los pueblos indígenas y al afrodescendiente resulta necesario reconocerlos en la Constitución, asumiendo el Estado el deber de respetar y promover su cultura, identidad, lengua y tradiciones ancestrales, así como de fomentar su plena participación en la vida política, económica y social del país, con igualdad de oportunidades respecto del resto de los chilenos, lo que dista mucho de conferirles la capacidad de autogobernarse.

Finalmente, debiera recogerse la realidad histórica de nuestro Estado unitario, pero con autonomía de las regiones y la posibilidad de que elijan directamente a sus autoridades, que puedan darse una organización que les permita ejercer potestades independientes del nivel central contando con los recursos suficientes al operarse el traspaso y con una configuración territorial definida. Lo que no puede suceder es que la autonomía de las entidades territoriales se lleve a tal extremo que se genere una diferencia insalvable entre unas y otras, atendidas sus capacidades y realidad propia, lo que solo terminaría perjudicando a sus habitantes.

Las anteriores sugerencias se hacen cargo de los cambios que nuestro país ha experimentado, pero tienen la ventaja de que no rompen la tradición institucional que se ha construido con gran esfuerzo a través de dos siglos.