Me parece sorprendente la debilidad de la izquierda democrática o tradicional para ceder casi siempre a las presiones y posiciones más extremas de la ultraizquierda.

Los más viejos aún recordamos cómo el gobierno de Salvador Allende, político de respetable tradición democrática y republicana, fue incapaz de frenar los excesos de la extrema izquierda de la UP en lo económico, social y político, generando tal división y fractura en la sociedad chilena que desembocó en la ruptura de nuestro sistema democrático.

Hoy, nuevamente, después del lamentable espectáculo que ha dado la Convención Constitucional (CC) aprobando normas con un lenguaje “inclusivo” que no forma parte de nuestro idioma, con artículos que más que fijar normas generales para el juego democrático, emulan la Constitución programática del 80, pero con el signo contrario, apartándose de toda rigurosidad jurídica que permita que el país pueda ser gobernado democráticamente por gobiernos de distintos signos políticos.

Más allá de los puntos de reforma indicados en el reciente documento del PPD llamando a aprobar para reformar, nada se dice respecto de la autonomía territorial indígena para aprobar o rechazar las actividades económicas en sus “supuestos” territorios, la libertad de enseñanza queda limitada para la creación de nuevos colegios, se precariza el derecho de propiedad. Se le entrega discrecionalmente a la autoridad administrativa (gobierno) el otorgamiento de las concesiones mineras y de agua. Se rebaja el estatus del Poder Judicial, uno de los tres poderes fundacionales del Estado democrático desde el siglo XVIII, entregando su manejo a un ente político gremial. Se desprotege a los ciudadanos burocratizando el recurso de protección y suprimiéndole el recurso de inaplicabilidad, y así muchas otras materias.

Lo que llama la atención es que quienes por los medios de comunicación han sido fuertes críticos durante estos últimos meses de estos temas ya aprobados por la Convención, ahora llamen a “aprobar para reformar”, en vez de convocar a un gran acuerdo nacional que rechace el texto propuesto por la CC y que convoque efectivamente a más de los 2/3 del país para concordar un texto consensuado, que ratificado por un plebiscito, sea efectivamente la “casa de todos”.

Los que llaman a aprobar y reformar, si ganara el Apruebo, ¿creen que sumarán a los parlamentarios del FA y del PC para reformar el texto de sus sueños? ¿Contarán con el apoyo de parlamentarios de extrema izquierda que hace algunos días rechazaron la propuesta de su gobierno para renovar el estado de emergencia?

Confieso que, habiendo compartido con muchos de ellos décadas en la Concertación y en los gobiernos de estos últimos 30 años, los mejores en avance social y económico de nuestro país, no obstante sus carencias y fallas, me preocupa su debilidad frente a la presión de la ultraizquierda. ¿No sería más valiente y honesto rechazar y convocar a este nuevo acuerdo nacional para una nueva Constitución que rescate los valores que interpretan a la gran mayoría de los chilenos? Con un lenguaje jurídico apropiado y coherencia institucional que supere el ideario de una minoría de chilenos que en la CC han plasmado en este texto sus frustraciones, sueños y propuestas refundacionales, olvidándose de nuestra historia y tradiciones más que bicentenarias de nuestro país, que es una sola nación, integrada por diversos pueblos originarios, y por emigrantes que generaron un gran mestizaje que somos la mayoría de los chilenos.

Jaime Ravinet