Razón tiene el Gobierno al afirmar que sin la aprobación del texto constitucional propuesto por la Convención hay muchos aspectos del programa, y sobre todo del ideario del Partido Comunista y del Frente Amplio, que no podrían llevarse a cabo.

Entre otros, y en primer lugar, el Presidente tendría que seguir presidiendo la República de Chile, tal cual la hemos conocido, sin “un Estado plurinacional” con territorios indígenas política y financieramente autónomos; tampoco podrían entregarse privilegios y derechos especiales a dichas comunidades que el resto de los chilenos no puedan gozar. En suma, tendría que seguir gobernando de acuerdo al principio fundamental de la modernidad: la igualdad ante la ley.

Del mismo modo, tendría que seguir aceptando la existencia de un Poder Judicial independiente y autónomo que se rija por el respeto a la ley, sin discriminaciones arbitrarias de género o etnia. No contaría, entonces, con un Consejo de la Justicia todopoderoso, con extensas facultades sobre los jueces que lo integran (los nombra, los gestiona, los gobierna, los forma y los disciplina). Y, por cierto, tampoco gobernaría con un sistema jurídico de pueblos indígenas coexistente, en un plan de igualdad, con el régimen de justicia nacional.

Más aún, tendría que enfrentar el contrapeso de un Senado, más diversamente integrado, que podría morigerar los aspectos más radicales del ideario de la izquierda dura. El Gobierno se vería limitado en su proyecto de confiscación de tierras reclamadas por los pueblos indígenas, y las actividades económicas de esas zonas podrían prescindir del “consentimiento” obligatorio de sus habitantes.

Claro está, le sería muy difícil expropiar a destajo, pues en ese caso se seguiría aplicando la norma de compensación por el valor de mercado del bien afectado y no podría limitarse a indemnizar por el llamado “precio justo”, concepto siempre subjetivo, pues considera otros aspectos del valor de la propiedad, que no son precisamente los de reposición.

Asimismo, un Estado empresarial extenso, que permita crear múltiples empresas estatales en todos los rubros y niveles, incluido el municipal, sería difícil. Ello, no porque la Constitución actual no permita la creación de empresas estatales, sino porque esas iniciativas deben contar con la aprobación de la mayoría de los miembros del Congreso en ejercicio.

Sabemos que en el ideario de Apruebo Dignidad es prioritario el control estatal de los recursos naturales. Sin el texto actualmente en discusión seguiríamos, en cambio, con un régimen de concesiones mineras establecidas judicialmente y, por lo tanto, el Gobierno no contaría con concesiones administrativas temporales, acordadas con los interesados por funcionarios de gobierno, sin criterios objetivos previos, y que son potencialmente una fuente de corrupción. Del mismo modo, seguirían existiendo derechos de agua transables, sin los cuales el valor de las tierras agrícolas es prácticamente nulo.

El Gobierno no podría proponer una ley de aborto completamente libre, sin restricción de tiempo o circunstancia o, por lo menos, los médicos tendrían derecho a ejercer su objeción de conciencia sin ser obligados a un procedimiento atentatorio contra sus principios.

En el sistema de salud podrían seguir existiendo las isapres, con un 20% de afiliados, pero que prestan servicios a miles de integrantes de Fonasa. A su vez, la educación particular subvencionada, que corresponde a más de la mitad de la educación pública, no se extinguiría por falta de financiamiento, y los padres podrían seguir teniendo el derecho preferente a la educación de sus hijos.

Sí, efectivamente. El paraíso en la tierra que nos promete Apruebo Dignidad sería muy difícil de alcanzar sin la refundación propuesta por la Convención Constitucional.