La decisión de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos de aumentar en 75 puntos base el rango de su tasa de política monetaria, llevándola a 1,5-1,75%, confirmó dos elementos centrales de la economía norteamericana. Primero, que el esfuerzo por contener una inflación que ya alcanza un 8,6% en doce meses —el nivel más alto en 40 años— está requiriendo un cambio de actitud por parte de la autoridad monetaria: evidentemente el problema no es transitorio y la Fed está tomando medidas para contener lo que parece una tendencia más permanente. Pero además está quedando claro cómo el comportamiento de los mercados suele obedecer a una lectura anticipada del impacto de las políticas sobre el funcionamiento de la economía. En este caso, los principales indicadores bursátiles vieron caer su valor días antes de la decisión, anticipando la dificultad de competir contra alternativas de inversión más seguras y que ahora tienen un mayor retorno por el alza en la tasa, pero también considerando el riesgo de que se gatille una recesión producto de las medidas de la Fed. Fue, en definitiva, una reacción racional frente a la incertidumbre.

Como lo demostró el comportamiento de los mercados ayer, esa incertidumbre continuará, al menos, hasta el próximo reporte de inflación que entregará la Oficina de Estadísticas Laborales, el 13 de julio. Con todo, tanto el dato de abril como el de mayo indican que las alzas más importantes están focalizadas en algunos alimentos y en bienes o servicios que dependen del petróleo. Ambos factores pueden estar conectados con el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. En este sentido, en la medida en que el sistema productivo mundial responda con mayor velocidad a los incentivos generados por la situación o que la resolución del conflicto se destrabe, la presión inflacionaria en EE.UU. debería contenerse.

La situación es algo distinta en Chile. Una primera y obvia diferencia es que la inflación local alcanza ya el 11,5% y las predicciones del Banco Central anticipan que podría acelerarse y llegar al 13% durante los próximos meses. Frente a eso, la tasa rectora de la economía ha sido elevada no a 1,5%, como en los EE.UU., sino a 9%. En circunstancias normales, este gran diferencial debería atraer a actores internacionales que, invirtiendo en pesos (es decir, vendiendo dólares), han aprovechado en el pasado el alto retorno de papeles locales. En teoría, pues, dichos incentivos deberían haber llevado a la baja al tipo de cambio local. La tendencia al alza del dólar, sin embargo, indica que la situación económica nacional es anormal. De hecho, incluso sin considerar los movimientos puntuales de los últimos días, la pérdida de valor del peso en tres meses ha sido de proporciones: de acuerdo con los datos del Banco Central, el valor del dólar observado el 14 de marzo fue de $802. Dos meses después, la cifra superaba los $865, acercándose a los niveles reportados luego del triunfo en segunda vuelta del Presidente Boric. Durante esta semana, el peso volvió a caer con fuerza, superando por momentos los $870 por dólar. Lamentablemente, esta dinámica tendrá un impacto sobre la inflación local.

En este contexto, es necesario reparar en otras características distintivas del proceso inflacionario de Chile. Este está siendo acompañado por una economía que no solo tendrá un magro crecimiento en 2022, sino que probablemente también en 2023. Se suma la inmensa incertidumbre tanto respecto del proceso constituyente como de las reformas —particularmente la tributaria— que busca impulsar la administración Boric. Su foco no es el crecimiento económico ni la atracción de inversiones.

Así, la depreciación del peso frente al dólar debe ser interpretada como una señal de debilidad del país. El fenómeno no es solo producto de los vaivenes en los mercados internacionales, sino también una consecuencia del laberinto institucional en que se encuentra Chile. Desconocer tal realidad refleja ignorancia. Todo cambio genera incertidumbre y trae costos, sobre todo si su confección es deficiente.