Voté Apruebo como una oportunidad para salir de la crisis institucional que impedía lograr acuerdos que permitieran a Chile tener una economía y una democracia más inclusiva, distribuyendo de mejor forma el poder económico y el político. Lamentablemente, he llegado a la convicción de que el texto de la Convención solo puede profundizar esta crisis y hace imposible avanzar en esos resultados.

Me he convencido por razones personales: esperaba que el texto buscara interpretar, si no a todos, al menos a la gran mayoría de los chilenos, incluso más allá de los que votamos Apruebo. Así terminaríamos con el trauma de la Constitución del 80: una hecha en democracia sería la forma de encuentro entre los chilenos, la hoja de ruta común del futuro. Pero el resultado es lo contrario: es el triunfo de la mayoría de turno que impulsa el texto que siente “su” Constitución y que busca aprobarla, aunque sea por un voto, incluso menos de los que votaron Apruebo. Eso solo dejará abierta otra herida para siempre en el futuro.

También me he convencido por razones jurídicas: es un mal texto y no hay armonización que pueda salvarlo. No solo es su extensión o vaguedad, sino la concentración de poder en una cámara política y la debilidad en que deja a las personas para protegerse del abuso, particularmente el estatal. Nada bueno puede resultar de un texto que inventa un sistema que hace del poder político y su ejercicio un instrumento aún más poderoso e ilimitado. La Cámara de Diputados —o representantes— se transforma en un leviatán capaz de interferir en las decisiones de todos los poderes del Estado. Y llega al absurdo de que una mayoría transitoria —alimentada por cuotas aseguradas— puede incidir en casi todas las instituciones de control (Contraloría, Banco Central, Poder Judicial, etcétera) e incluso derogar derechos consagrados (por ejemplo, de ganar mayorías ultraconservadoras prohibir el divorcio, o de ultraizquierda, la propiedad privada).

Se precariza el recurso de protección y se debilita el Estado, cuya prioridad debe ser el servicio a las personas. Y lo convierte en un fin en sí mismo (¿se imaginan a una pyme reclamando el pago oportuno o a un ciudadano exigiendo menos filas en los servicios públicos frente a este Estado todopoderoso?). A su vez, deja más débil al Estado justo donde debe ser fuerte: dar seguridad a sus ciudadanos (debilitamiento de estados de emergencia y autonomía de las fuerzas de seguridad) y brindar protección social (crea grupos privilegiados por sobre la prioridad en la pobreza o protección de clases medias).

La prioridad del Estado se centrará en criterios políticos (origen étnico o territorial) y no en objetivos (la vulnerabilidad social o la necesidad de protección social). Los pobres seguirán esperando y la clase media quedará atrás en la fila de prioridades.

Y poco hace para acelerar el crecimiento a través de la defensa del emprendimiento: en vez de combatir la concentración económica con mejor mercado, lo hace con más Estado, dejando atrapados en la burocracia a quienes emprenden.

Finalmente, he llegado a la convicción por razones políticas. Primero, al ver que algunos reclaman su aprobación para implementar “su programa de gobierno”, como si se tratara de un traje a medida para el gobernante de turno, argumento propio de autócratas o populistas. Segundo, al ver cómo constituyentes confundieron medios con fines: elegir una Convención fue un medio para lograr tener una mejor Constitución y lo que evaluamos es la calidad de su trabajo.

La pretensión de infalibilidad —buscar quorum que la hagan irreformable— y su autodeclarada superioridad moral —“cualquier cosa es mejor de lo que hay”— dejan en evidencia la debilidad del resultado de lo que han hecho. Lo cierto es que se buscaba una mejor Constitución de origen democrático, no “cualquier Constitución” redactada por personas electas.

Y por último por el chantaje: es absurdo hacernos creer que aprobar este texto es el único camino para tener una nueva Constitución, lo que haría del plebiscito un trámite y del borrador constitucional una verdad revelada. Lo que se juzga es un texto particular de estos constituyentes en especial.

Mi convicción política es que no aprobar es una forma de abrir otras vías igualmente democráticas para tener una mejor Constitución en el futuro.

El 4 de septiembre debió ser el día en que los chilenos nos reencontráramos para abrazar el futuro común, en que renaciera la esperanza de profundizar el camino hacia una sociedad más justa. Pero la realidad no será esa: esa noche se ahondarán nuestras divisiones. Y pase lo que pase, transformará esa noche, que debía ser de celebración colectiva, en una noche de ganadores y perdedores. De chilenos buenos y chilenos malos. De identidades encontradas. Un país más separado y partido en dos, igual o peor que donde estábamos antes.

Tengo la certeza de que necesitamos una Constitución que nos una y no nos divida. Que nos guíe por un camino común de libertad y de inclusión democrática, en que el lugar donde naces, tus creencias u origen no determinen el lugar donde puedes llegar.

Tenemos nuevas formas y posibilidades de hacer bien las cosas. Pero no debemos conformarnos con esto. Así no. No apruebo.

Sebastián Sichel