E l país y el Gobierno se han visto perturbados por la muerte de un carabinero, el pasado viernes, pero nadie podría decir que se hayan visto sorprendidos. El homicidio del cabo David Florido Cisterna, de 33 años, corresponde, en cierta forma, a una consecuencia lógica del deterioro en el respeto al Cuerpo de Carabineros, que ha sido fomentado incluso desde algunos sectores políticos. La única finalidad de esta suerte de campaña de desprestigio parece ser conseguir la pérdida de autoridad de una institución cuyo lema es Orden y Patria. Pero, aunque Carabineros queda herido por la muerte de un joven que solo aspiraba a cumplir con su deber, la opinión pública ve con creciente preocupación la desinhibición con que actúan los delincuentes. La muerte del carabinero en la comuna de Pedro Aguirre Cerda es la tercera que ocurre en el último mes y, por cierto, preocupa hondamente al Gobierno, que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública.

La acumulación de estos casos trágicos es un punto que debiera hacer reflexionar a la sociedad chilena, pues en la imagen popular existe un vínculo entre la campaña dirigida contra Carabineros, el estallido de violencia de octubre y muchas de sus consecuencias posteriores. Las poderosas imágenes del “perro matapaco”, los múltiples grafitis y pósteres destinados a insultar a las policías, la pasividad de las autoridades de los últimos gobiernos, son todos elementos que han procurado desmoralizar a quienes tienen la importante función de mantener el orden público. Así, no cabe sorprenderse de las peores consecuencias de esta actitud que lleva ya cerca de dos decenios desarrollándose. Hace 15 años un general director de esa institución llamaba al país a mantener la capacidad de sorprenderse, pues de lo contrario, en la medida en que esta clase de noticias pierde importancia, comienza el deterioro del orden público. Aunque la intención de desacreditar a las policías es aún más antigua, nunca se había logrado una difusión como la que alcanzó la campaña el año 2019.

En medio de las circunstancias políticas en que ocurren estos hechos, con un plebiscito que ha de definir la Constitución, es sin duda una preocupación para el Gobierno esta fractura en el país. La presencia del Presidente Boric y de su ministra del Interior en los homenajes fúnebres da un indicio de un cambio en la disposición de las autoridades, hasta ahora tan proclives a encontrar falta en las instituciones policiales. Esta vez, los anuncios de cambios en torno a la agenda de seguridad ciudadana no se dejaron esperar, así como las manifestaciones verbales de apoyo a Carabineros. No obstante, lo informado posteriormente por la ministra Siches no parece ser la respuesta contundente que espera la ciudadanía, sino que se limitó a confirmar el despliegue de más carabineros por la Región Metropolitana y a manifestar su disposición a discutir el aumento de las penas por agresiones a “aquellos que somos funcionarios públicos, entre ellos particularmente a Carabineros de Chile”. Ciertamente con tales medidas no se conseguirá cambiar el clima adverso a la actuación policial. Más importante que muchas medidas puntuales que guarden relación con las penas o las patrullas es el respaldo real a la acción de los carabineros en las difíciles circunstancias de controlar la delincuencia. La confusión entre delincuente y manifestante no parece ocurrir entre los carabineros, sino más bien en algunos sectores políticos que tienen afinidad con el Gobierno y bien harían las autoridades en aclarar este equívoco. Ello no significa, por cierto, desconocer la evidente necesidad de reformas profundas en la institución.

El país está tomando conciencia de la entidad de los problemas que deberá enfrentar en el próximo tiempo, desde una inflación que se ha extendido por todo el mundo hasta las bajas expectativas de crecimiento, más dificultades específicas como las relacionadas con la inmigración o los problemas en La Araucanía. En estas circunstancias, agregar una debilidad de la policía con la posibilidad de que siga aumentando la delincuencia, sería agravar seriamente los dilemas que tendrá que afrontar Chile.