Según muestran las encuestas, a doce semanas del plebiscito de salida, es probable que cualquiera sea la opción que se imponga —Apruebo o Rechazo—, no logrará una ventaja significativa sobre la otra alternativa. De este modo, todo indica que el objetivo que originó este proceso, cual era dotar al país de una Constitución que una muy amplia mayoría de chilenos pudiera estimar como propia, no será conseguido, y en cambio continuará abierto el “problema constitucional”, con importantes sectores que seguirán cuestionando el texto que en definitiva rija. Por esta razón, adquiere cada vez mayor relevancia el debate respecto del escenario posplebiscito y la necesidad de impulsar cambios institucionales relevantes, ya sea que gane el Rechazo y continúe vigente la actual Carta, pese a la insatisfacción que genera en una porción relevante de la ciudadanía, o que triunfe el Apruebo, aun cuando muchos de sus propios partidarios reconocen graves deficiencias y peligros en las propuestas aprobadas por la Convención.

Anticipándose a la posibilidad de que se verifique el primer escenario, ha surgido la propuesta de un grupo de senadores democratacristianos de bajar el quorum requerido para modificar la actual Constitución a 4/7, y así facilitar su posterior reforma. Ello ha sido recibido con displicencia por el Gobierno, calculando que podría ayudar a la opción Rechazo, a pesar de que una de las críticas recurrentes por parte de la izquierda a la actual Constitución ha sido su dificultad para efectuar cambios. Por otra parte, sectores de centroizquierda, críticos de muchos de los artículos que han sido incorporados por la Convención a la propuesta, están abogando por aprobar “para después reformar”. Es decir, a pesar de no compartir aspectos cruciales de sus planteamientos, consideran que resulta más importante dar una señal política favorable a la nueva Constitución que votar junto a sectores que se están manifestando por el Rechazo. Su apuesta es luego, en un futuro hasta ahora indeterminado, corregir los problemas detectados.

Esa última postura, sin embargo, no parece un camino realista. Basta imaginar por un instante el escenario de un triunfo de la opción Apruebo, aunque sea por un margen estrecho. ¿Cómo se ejecutaría, a continuación, ese plan de reformas? ¿Podría el Congreso comenzar a cambiar los artículos de una Constitución recién aprobada por la ciudadanía, aunque lo haya sido por una mayoría estrecha? ¿No vendría entonces una arremetida de los sectores que en la Convención ya han cuestionado la legitimidad del actual Congreso y hasta su “lealtad institucional”? Más aún, las mismas figuras que en la centroizquierda anuncian que aprobarán un texto que no les satisface, ¿tendrán luego la fuerza para separarse de esa izquierda dura y convenir con la actual oposición cambios que permitan corregir cuestiones de fondo? ¿Qué actitud asumirá frente a ello el Gobierno, después de que uno de los partidos eje del oficialismo, el PC, ha declarado el plebiscito como la batalla de las batallas? ¿Habría que esperar, entonces, a que la Constitución comience a operar y que los problemas y peligros advertidos se materialicen para recién ahí reformarla? En el intertanto, ¿en qué habrá quedado lo de “aprobar para reformar” si no en letra muerta? Y en cualquier caso, ¿cuáles serían los artículos a modificar? ¿El sistema político, calificado de “experimental” por el convencional Squella; los múltiples “sistemas de justicia”; la plurinacionalidad; la regionalización y las autonomías que propone; el consentimiento como poder de veto otorgado a los pueblos indígenas; el “justo precio” en la cláusula de expropiación, o la huelga desvinculada de la negociación colectiva, entre tantos que resultan altamente controversiales?

Se ha cuestionado la real disposición de la derecha para reformar la Constitución vigente si es que llega a ganar el Rechazo y se le ha demandado dar señales concretas de su compromiso con los cambios, frente a lo cual este sector ha explicitado su disposición a aprobar desde ya la propuesta DC para bajar a 4/7 los quorum de reforma, lo que haría objetivamente más fácil cambiar el texto actual que el que apruebe la Convención (donde, según la propuesta de la comisión de Normas transitorias, se requerirían 2/3 o, en su defecto, plebiscitos ratificatorios). No se han visto, sin embargo, iguales gestos por parte de quienes vagamente llaman a “aprobar para reformar” una Carta Fundamental que les genera importantes reparos.