La votación que tendrá lugar en el pleno de la Convención el martes 14 de junio es de crucial importancia. Se votará, entre otras cosas, las condiciones que regirán durante la transición para reformar la Constitución en caso de que gane el Apruebo. Es crucial que se dote a la propuesta de suficiente flexibilidad.

Detrás de este problema subyacen dos dilemas: cuán legítimo y representativo es el borrador y cuán perfectos son los preceptos que contiene.

La legitimidad de la Convención, y por lo tanto del producto que ha realizado, es clara. El texto se ha elaborado dentro de un marco legal. La derecha ha reclamado que sus proposiciones no han sido incorporadas en el texto. Sin embargo, pudiendo hacerlo, ello no ha detonado de su parte ningún reclamo formal de ilegalidad. Su marginación es un problema político que no cuestiona la legitimidad del texto; sin embargo, afecta su representatividad. Si se examinan todas las elecciones municipales, parlamentarias o presidenciales desde la recuperación de la democracia se puede apreciar que la derecha tiene un apoyo que oscila entre 35% y 45% del electorado. En la Convención, probablemente por las circunstancias históricas en que se detonó el proceso y se hizo la elección, su representación bajó a 27%. Pero es evidente que si en el plebiscito de entrada el Apruebo obtuvo el 78,2% de los votos, es porque una porción importante de ellos es de gente de derecha. Zanjado el problema de legitimidad del texto, su representatividad debiera ser una preocupación principal de la Convención en estas horas finales.

Por otro lado, varios plantean que el texto no admite cambios, pues bordearía la perfección. La literatura académica sobre instituciones, en múltiples dominios, plantea que hay dos formas de entender perfección. Una se refiere a aspectos técnicos del diseño institucional, y la otra es su credibilidad.

El diseño constitucional que se propone es producto del juego más o menos azaroso de innumerables negociaciones por múltiples agrupaciones políticas. En estas condiciones, es crucial reconocer que es altamente improbable que el borrador no contenga errores técnicos. De hecho, el análisis frío del texto devela varios. Los más graves y urgentes de corregir están en el régimen político. Primero, la propuesta debilita al Presidente y fortalece al Congreso, pero no corrige en nada la fragmentación del sistema político. El riesgo evidente es que se prolongue la débil gobernabilidad que ha caracterizado a Chile desde mediados del segundo gobierno de Bachelet hasta nuestros días. Esto es un error.

Segundo, garantiza un número fijo de escaños reservados, independientemente de cuán alta sea la participación en ese padrón electoral. En la elección de la Convención, el 4% del electorado obtuvo el 12% de los escaños. Al situar los escaños reservados en el Congreso de Diputados y Diputadas que representa al pueblo y es la cámara más poderosa, se distorsiona de manera abierta la representación popular. Esto se puede corregir flexibilizando los escaños reservados en función de la participación en ese padrón o desplazando el número fijo de escaños desde el Congreso a la Cámara de las Regiones, que no aspira a ser representativa del pueblo, sino del territorio.

La segunda acepción de perfección en esta línea se refiere a que el pueblo que votará por someterse a esas reglas debe creer en ellas. La perfección técnica de diseño podría ser lograda por un grupo de técnicos de alto nivel, pero esto no es a lo que aspira la Convención chilena. Debe aspirar a que la ciudadanía crea y por lo tanto respete los preceptos constitucionales. Dicho sea de paso, esto es precisamente por qué nadie plantea que la Constitución de 1980 pueda ser revivida: muy pocos creen en ella, no es efectiva. Si ahora el Apruebo gana por poco y además los perdedores tienen un reclamo de representatividad como el que menciono más arriba, el riesgo es que haya un grupo suficientemente numeroso como para quitar efectividad a la naciente Constitución.

Los errores que señalo son producto de un proceso legítimo, pero ello no significa que dejen de ser errores. Lo que corresponde, en caso de ganar el Apruebo, es que las autoridades legítimamente electas —el Congreso— pueda corregir estos errores. La Convención debe permitir que ello ocurra razonablemente en las condiciones actuales.

La lealtad con el proceso constituyente no consiste en ponerse anteojeras frente a los errores, sino en crear condiciones razonables para que la democracia vaya suave y oportunamente limando las asperezas de las instituciones que aspiramos rijan Chile por décadas en paz y progreso.

Guillermo Larraín
Académico FEN, Universidad de Chile