Recuerdo la década de 1980, cuando mi padre manejaba el auto por la ruta Panamericana hacia el sur, para llegar a La Araucanía. Era un viaje largo, de solo una pista por lado, lo cual hacía muy lento el avance tras los camiones y muy peligrosas las adelantadas. Además, había poca berma y escasas estaciones de servicio. A veces, había que parar a dormir a la mitad del trayecto, en casa de algún familiar, o en algún hotel de paso. Por supuesto, había peajes cada cierto tiempo, cobrados por el Estado. No era gratis, ya que nada es finalmente gratis.

Casi no nos acordamos de la precariedad de la infraestructura pública que tenía Chile hace más de treinta años, antes de las concesiones. Basta observar las carreteras, aeropuertos u hospitales concesionados, entre varios otros, para notar su calidad constructiva y altos estándares de servicio, muy por sobre sus equivalentes no concesionados. Las concesiones permitieron bajar el déficit histórico de infraestructura del país, lo que redujo costos de producción, tiempos de viaje, accidentes, aumentando a través de ello la productividad y competitividad.

¿Por qué pasa esto? Muy simple. Las concesiones son infraestructura pública, pero con un modelo de financiamiento, construcción y mantención de largo plazo que garantiza sus estándares en el tiempo a través de un contrato. Se trata de un sistema moderno y eficiente para avanzar más rápido en el desarrollo de la infraestructura necesaria, sobre todo en aquellos países que no son ricos, con presupuestos acotados y muchas necesidades que atender, como Chile. En el ejemplo inicial, la Panamericana Sur se habría demorado 40 años en ampliarse a doble calzada entre Santiago y Talca, con una distancia de 240 kilómetros. Las concesiones permitieron que, en 10 años, se multiplicara por seis esa longitud en doble calzada, con decenas de enlaces, pasarelas, atraviesos, puentes, bypass en grandes ciudades y zonas de servicios.

Las concesiones han posibilitado, además, liberar presupuestos fiscales para llevar a cabo una cantidad mucho mayor de obras de infraestructura pública no concesionada, tales como caminos básicos, sistemas de agua potable rural, muelles y caletas, defensas costeras y de ríos, aeródromos, viviendas sociales, muelles pesqueros, colectores de aguas lluvias, entre muchísimas otras. Considerando que la inversión en infraestructura concesionada supera actualmente los US$ 27.000 millones, el valor que se ha podido construir y mantener en otras infraestructuras, gracias a la liberación de presupuestos fiscales por las concesiones, equivale a nueve años presupuestarios del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, Chile entero se ha beneficiado.

El sistema de concesiones favoreció el desarrollo de una estrategia, planificación, construcción y mantención de infraestructura pública de alto nivel, gracias al cual Chile ha podido aumentar en varias veces lo que proponían sus posibilidades técnicas y presupuestarias. Hoy se hace necesario repotenciar y actualizar el sistema de concesiones, con más información y participación, ya que el déficit en infraestructura ha vuelto a ser un escollo para el desarrollo del país. Chile necesita Concesiones 2.0.

La ciudadanía demanda cada vez mejores servicios públicos y también más apoyo social para quienes lo necesitan. Esto significa que un porcentaje progresivamente mayor del presupuesto fiscal deberá orientarse a transferencias directas o bien a fortalecer aquellos servicios más carenciados, cuales son la salud, educación, vivienda, pensiones y seguridad. Dicha inversión social, sin embargo, no puede abordarse a costa del desarrollo, bienestar y crecimiento del país, que requiere más y mejor infraestructura, por razones sociales, de oportunidades y cuidado del medio ambiente, así como para disminuir brechas logísticas, de integración, productividad y competitividad.

El Banco Mundial estima que un 10% de incremento en la inversión en infraestructura contribuye al crecimiento de un 1% en el PIB de un país. Y por cada punto de crecimiento del PIB, la recaudación fiscal aumenta en US$ 800 millones, acumulativo, año tras año. Por su lado, la OCDE ha señalado que la infraestructura es el medio más relevante para generar prosperidad y contribuir a la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, el desarrollo social y productivo de Chile estará íntimamente ligado a la capacidad que tengamos de agilizar las concesiones en curso y de promover una nueva y moderna agenda para los próximos 30 años.

Lucas Palacios Covarrubias
Exministro de Economía, Fomento y Turismo
Exsubsecretario de Obras Públicas