El anuncio del Presidente Boric, en su Cuenta Pública, de que el Gobierno dará prioridad al proyecto de ley Sayén fue una buena noticia, pero insuficiente. Como se recordará, Sayén es la hija de Lorenza Cayuhan, una comunera mapuche que en 2016 dio a luz, con cesárea, con sus pies engrillados, y en presencia de un gendarme de sexo masculino. La noticia, conmovedora en su dramatismo, inspiró la presentación de un proyecto para que mujeres privadas de libertad, embarazadas o que tengan hijo/as menores puedan acceder a diferir el cumplimiento de su condena, o a penas sustitutivas.

Dar tramitación a este proyecto —ojalá en forma urgente— es una contribución a la introducción de criterios de género en política penitenciaria. Por cierto, requiere aún de muchas precisiones, por ejemplo, respecto de las mujeres que se embarazan estando recluidas, o de aquellas donde la gravedad del delito no permite el acceso a penas en libertad. En estos casos, es necesario definir qué entendemos por el interés superior del niño.

No obstante, las políticas de género en materia penitenciaria aún están muy al debe y son un desafío más para un gobierno que se declara feminista. La mayoría de las mujeres privadas de libertad son madres —un 89%—, con un promedio de 2,5 hijo/as. Aproximadamente 40 mil niños tienen a su padre o madre en una cárcel en Chile. En 2019, el 70% de las mujeres que salieron en libertad tenía un hijo menor de edad. Durante los seis meses previos al encarcelamiento, un 30,7% de los menores de edad que luego quedarán con un custodio no siempre adecuado estaba económicamente a cargo exclusivamente de su madre. Ello se agrega a la evidencia internacional que sugiere que la prisión de la madre tiene mayor efecto que la del padre en el desarrollo personal, rendimiento escolar, delincuencia juvenil y problemas psicológicos de los hijos.

Múltiples estudios confirman que las mujeres en conflicto con la ley tienen mayores índices de exclusión social, marginalidad, vulnerabilidad y mayor cantidad de hijos que la población en general, e incluso que la población penal masculina. La brecha de género en el país tiene mayor repercusión en la privación de libertad de mujeres, pues agrega una nueva discriminación, producto no solo de las políticas penitenciarias, sino también del mismo Código Penal que tiene como inspiración el principio formal de igualdad. Ello significa que en la asignación y ejecución de penas impuestas a mujeres no necesariamente se toman en cuenta las desventajas estructurales que las afectan, además de por su condición de género, por el alto costo social que significa la separación de los hijos. No hay que olvidar también a las adultas mayores recluidas, las cuales carecen en los penales de las condiciones mínimas para una vejez digna.

El aumento de la delincuencia es hoy uno de los principales flagelos que enfrenta la sociedad chilena. El temor afecta la convivencia atentando, como sostiene Martha Nussbaum, contra la democracia. La impunidad no es, de ninguna manera, una solución. Tampoco desconocer que el delito, especialmente cometido por mujeres madres, tiene su origen, también, en estructuras sociales, y que no siempre la cárcel es una solución.

Las mujeres tienen por lo general condenas cortas, salen desvinculadas, más pobres, cargando con la culpa de haber abandonado a los hijos, luchando por recuperarlos y, en consecuencia, frágiles ante quienes les ofrecen “un kilito de droga para empezar”. Cabe al Estado asumir el desafío de políticas penitenciarias y pospenitenciarias con criterio de género, así como apoyar a las instituciones que colaboran para que la cárcel para mujeres sea un espacio de formación y aprendizaje, que evite la reincidencia, que es la verdadera puerta giratoria.

Es imperativo abandonar la idea de que la cárcel, en todos los casos, previene la delincuencia. Por el contrario, muchas veces la multiplica, especialmente en el caso de mujeres que, separadas de sus hijos, los dejan en situación de mayor vulnerabilidad.

La cárcel solo invisibiliza un problema que tiene raíces sociales profundas, que desafía la asignación y ejecución de penas, y que tiene enorme replicabilidad en los hijos.

Ana María Stuven
Corporación Abriendo Puertas