L os datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dan cuenta de las dificultades para contener las presiones inflacionarias. Si en algún momento se planteó que el fenómeno sería transitorio, las cifras apuntan a que su resolución se logrará más bien en el mediano plazo y que el esfuerzo de las políticas monetaria y fiscal resultará esencial.

La variación mensual reportada en mayo por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,2%, llevando la inflación en doce meses a un 11,5%. El aumento además fue generalizado. De las doce divisiones que conforman el IPC, diez mostraron variaciones positivas. Destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 1,8% en mayo, acumulando una variación de 12% en lo que va del año. Esto explica, por cierto, la alta preocupación ciudadana respecto de los incrementos de precios. Igual conclusión se obtiene frente al ítem transporte, que solo en los primeros cinco meses del año acumula alzas por 8,2%.

La dinámica inflacionaria observada en Chile puede ser interpretada como reflejo de un fenómeno mundial. Desde los problemas en las cadenas logísticas por el covid hasta las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, pasando por laxas políticas fiscales y monetarias, todos los factores apuntan en esa dirección. Por de pronto, en su más reciente informe, la OCDE revisó sus estimaciones para 2022, elevando la predicción de inflación anual para los países miembros hasta el 8,5% (5,5% entre las economías más avanzadas). Esto explica la tendencia mundial a fijar mayores tasas de interés por parte de las autoridades monetarias y a ajustar el gasto público por los gobiernos.

La decisión del Consejo del Banco Central de subir la tasa de política monetaria (TPM) en 75 puntos base, llevándola a un 9%, apunta precisamente en esta dirección. El encarecimiento del dinero, elevando los costos del endeudamiento y el consumo, debería contribuir a enfriar una economía que suma a las referidas tendencias externas, importantes flancos abiertos localmente: en su presentación de ayer ante la comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, explicó que “del orden de dos tercios del aumento de la inflación acumulada desde inicios de 2021 se asocia a factores internos”. Un alto nivel de gasto público en los últimos años, los irresponsables y nefastos retiros previsionales, la incertidumbre institucional que presiona al alza el tipo de cambio y una política monetaria expansiva han llevado a tal resultado. Ello debería traducirse en una convergencia más lenta en Chile que, por ejemplo, en el resto de los países de la OCDE. La propia presidenta del Central utilizó en su exposición, como escenario base, una proyección en que la máxima inflación se acerca a 13% anual durante el tercer trimestre de 2022. Esto explica el anuncio de que podría haber nuevas alzas en la TPM, lo que debería llevar a la inflación al objetivo de política (3% anual) no antes de dos años.

De ser así, el impacto se dejará sentir en distintos ámbitos. Evidente es la responsabilidad que cabe a la actual administración en controlar el gasto. Los datos de la Dirección de Presupuestos sugieren un cierto avance: si bien los ingresos totales del gobierno central acumulados a abril crecieron un 28,1% (real), el gasto presupuestario cayó un 9,6% respecto del mismo período del año pasado. La ejecución, por su parte, alcanzó solo un 30,8%. Todo ello permitió reportar un superávit en abril y cerrar marginalmente el déficit del balance efectivo del gobierno central, que acumula un 4,2% del PIB en doce meses. Pero aun cuando tal esfuerzo debe valorarse, el largo listado de promesas del Presidente Boric en su Cuenta Pública no hace más que agregar presiones al gasto y, por ende, a la inflación.

Las consecuencias políticas de este escenario deben preocupar a una administración que declara tener como prioridad lo social. De hecho, según las encuestas, el apoyo al Presidente se concentra particularmente entre los jóvenes de sectores altos, mientras que la desaprobación se expresa en la clase media y grupos de bajos ingresos, que es donde el aumento en el costo de la vida golpea con mayor fuerza los presupuestos familiares. Ello ha de generar inquietud en cualquier coalición consciente de lo que significa una espiral inflacionaria. De continuar este fenómeno —y más allá de variaciones puntuales en los sondeos—, será revelador observar en qué medida el apoyo presidencial sigue consolidándose en aquellos grupos que, por su nivel de ingresos, constituyen una élite más protegida frente a las alzas de precios que el resto de la población.