En su cuenta al país, el Presidente Boric dibujó un futuro pleno de logros, realizaciones y beneficios para Chile, a partir de la nueva era que su gobierno estaría inaugurando: se acabarían las listas de espera para las cirugías del sistema público, se terminaría con el déficit de vivienda, se construiría un sistema de pensiones que garantizaría pensiones dignas para todos, la educación pública alcanzaría la calidad a la que todos aspiran, habría un tren rápido a Valparaíso y un robusto desarrollo ferroviario en otras regiones del país, se crearía una empresa estatal del litio, que lo produciría en grandes cantidades e introduciría nuevas tecnologías para agregarle valor en la forma de baterías que almacenen energía, entre varias otras materias y ámbitos.

Ese especial dinamismo provendría —en la concepción del Presidente y su gobierno— primordialmente del Estado, una abstracción semántica referida a ese entramado de instituciones, normas y reglamentos, surgidos del Congreso o del propio Ejecutivo, cuyos actos son sometidos al control de la Contraloría General de la República, y cuyas acciones son implementadas por medio de una frondosa burocracia pública. En condiciones normales resulta difícil sostener que el Estado pueda acometer con algún grado de éxito el cúmulo de tareas mencionadas, dada su trayectoria pasada. Pero, además, la urgente necesidad de su modernización, diagnóstico compartido por casi todos los gobiernos anteriores, lo hace aún más difícil.

Por eso es que resulta voluntarista la confianza que el Gobierno declara tener en las capacidades del Estado para imprimir velocidad, eficacia y eficiencia a las soluciones que se requieren. Si adicionalmente, como se infiere de su programa, se le quitaría parte del protagonismo en esas materias al sector privado —cuyo dinamismo y flexibilidad, dado por la multiplicidad de agentes que actúan en paralelo, en contraste con la unicidad de la provisión estatal, le confiere conocidas, probadas e indudables ventajas—, la probabilidad de que las encendidas promesas del discurso presidencial no se consigan es muy alta, y con ello la frustración de la ciudadanía que confió en ellas.

Haría bien el Gobierno en revisitar las múltiples recomendaciones de las diversas comisiones que han estudiado la modernización y reforma del Estado, e impulsarlas con fuerza y convicción, antes de apostar todas las fichas de su nueva estrategia de desarrollo a una maquinaria cuyas piezas se mueven con dificultad, que no cuenta con los incentivos adecuados y que se ve restringida por una tupida maraña de regulaciones que tienden a esterilizar parte de sus esfuerzos.