En su extenso discurso del miércoles, el Presidente Boric hizo breves referencias a la prensa, pero de profundo significado y aun de potencial riesgo para la democracia. Como es habitual, cada vez que un gobierno quiere interferir con la labor de los medios, se anuncian medidas de apoyo a estos y de protección a los periodistas. Pero una larga experiencia ha revelado que tras estos anuncios tienden a esconderse intenciones más oscuras, no siempre advertidas por todos los poderes públicos, que buscan de algún modo controlar la circulación de informaciones y opiniones. Basados en esas prácticas ya tantas veces observadas en la región, los periodistas y medios independientes miran con cautela anuncios como los que hizo el Presidente en cuanto a que “estamos trabajando para proteger a periodistas y trabajadores de las comunicaciones mediante un mecanismo legal que será ingresado el segundo semestre”.

La idea se enmarca en el fortalecimiento permanente de la democracia y parecería justo, pues no es posible la existencia de ella si no es con una plena libertad de expresión y el ejercicio libre de los medios. El Presidente, sin embargo, ha agregado que, para esos objetivos, se requiere un sistema de medios plural y diverso que proteja el “derecho a la información”. En realidad, nada protege más la libertad de expresión que la abstención de los gobernantes de intervenir el sistema de medios independientes que existe en un país. El derecho a fundar medios sin permisos especiales previos, así como a buscar informaciones y difundirlas con toda clase de opiniones, sin más consecuencias que responder ante los delitos que se puedan cometer en su ejercicio, es el modo infalible para asegurar una auténtica libertad de expresión y estimular los debates en una sociedad. Al establecerse un supuesto “derecho a la información”, suele prepararse el terreno para luego exigir que sea el gobierno quien lo satisfaga. Así ha ocurrido en todas las sociedades con poderes autoritarios o totalitarios y así también se planteó para el intento de crear un nuevo orden informativo internacional por muchos de esos países en Naciones Unidas.

También se anunció la firma de un convenio entre el Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno, y tres universidades estatales, con el fin de recoger y sistematizar las propuestas que hay en torno a los derechos asociados a la comunicación. No es una iniciativa del todo sorprendente, pues ya hubo varios intentos de dejar en el borrador constitucional proposiciones similares, que procuraban en definitiva la intervención gubernamental en el sistema de medios, pero fracasaron. Coincidentemente, una figura del Partido Comunista —cuyos convencionales fueron impulsores de esas iniciativas— encabeza el referido ministerio y parece persistir allí la idea de crear un sistema de sutil control e intervención.

Como ha señalado la Sociedad Interamericana de Prensa en su declaración sobre la libertad de expresión, su ejercicio no es una concesión de las autoridades, sino un derecho inalienable de la ciudadanía. Las limitaciones a la circulación de medios o a la divulgación de sus mensajes, como la imposición arbitraria de información, se oponen a la libertad de prensa y bueno es notar que la prensa en Chile se ha notificado del peligro.