Cuando restan pocos días para que la Convención Constitucional apruebe un texto definitivo, también llega a su término el proceso participativo desplegado en estos meses.

Lograr que la ciudadanía tuviera un papel protagónico en la elaboración de la nueva Constitución fue uno de los objetivos prioritarios de la Convención, a los que dedicó un reglamento de participación popular, una comisión permanente y una secretaría técnica que debían dar seguimiento a este proceso.

Las posibilidades de incidir en el texto se dieron fundamentalmente durante el verano, en un período donde la participación ciudadana tiende a ser esquiva. A la vez, el vertiginoso trabajo de los convencionales por cumplir con los plazos conspiró con los tiempos necesarios para que la ciudadanía pudiera procesar los 499 artículos que integran la propuesta constitucional.

Con todo, la convención logró establecer varios logros significativos en materia de participación.

Positivo, me parece, el proceso de audiencias públicas que acompañó la instalación de las comisiones provisorias y permanentes. Cada comisión dedicó parte importante de su tiempo a escuchar en audiencia a académicos/as y representantes de la sociedad civil. Solo en la comisión de Reglamento (general), por dar un ejemplo, se realizaron más de cien audiencias, que tuvieron que ser sistematizadas para nutrir el debate al interior de dicha comisión provisoria.

También fueron un acierto los cabildos desplegados a lo largo de todo el territorio nacional, los que se sistematizaron por la Secretaría de Participación para ser entregados a las comisiones permanentes el 8 de febrero, sobre un total 154 mil 541 personas que debatieron a través de esta instancia.

Sin dudas, el mecanismo de mayor incidencia fue la iniciativa popular de normas, donde se presentaron 6 mil 105 iniciativas. Cada una debía fundamentarse y proponer un articulado. Por lo mismo, solo 2 mil 495 fueron declaradas admisibles y se publicaron en la plataforma habilitada para estos efectos. Así, durante enero y parte de febrero más de un millón de personas se involucraron, patrocinando alguna de las iniciativas, permitiendo que 78 iniciativas lograran superar las 15 mil firmas. Finalmente 37 de las iniciativas populares de norma lograron incidir en el borrador de nueva Constitución.

En general las iniciativas que se aprobaron correspondían a temáticas altamente sensibles para los colectivos que conformaron la mayoría de la Convención. Así, por ejemplo, en materia tan relevante como derechos de salud, vivienda, educación, medio ambiente los aportes de las iniciativas populares fueron determinantes en el texto que finalmente fue aprobado. Paradójicamente, las iniciativas que alcanzaron las más altas mayorías fueron rechazadas. Ese fue, por ejemplo, lo ocurrido con la iniciativa “Con mi plata no”, que buscaba proteger la propiedad de los ahorros previsionales, que reunió más de 68 mil firmas. También fue el caso, de la iniciativa “Un Poder Legislativo en Chile de carácter bicameral”, que reunió más de 27 mil firmas.

Con todo, varios de los mecanismos originalmente previstos en el reglamento de participación popular tuvieron escasa o nula implementación: plebiscitos dirimentes, foros deliberativos, encuentros auto-convocados, oficinas territoriales constituyentes, cuentas públicas, semana territorial, y las jornadas nacionales de deliberación. Quizás, en el reglamento de participación se debió haber priorizado por alguno de estos mecanismos y no establecer un listado tan ambicioso para los tiempos efectivos con que se contaba.

En definitiva será el plebiscito de salida un claro indicador para medir el grado de empatía ciudadana que el proyecto de la Convención logró establecer. Veremos si los mecanismos implementados durante estos meses lograron involucrar y hacer sentir como propio el texto alcanzado, o bien, terminó movilizando solo al núcleo más cercano a la Convención sin impactar al esquivo ciudadano de a pie.

Francisco Soto Barrientos
Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile