Una campaña, llamada “Hagamos historia”, ha lanzado el Gobierno con el supuesto fin de informar a la ciudadanía sobre el plebiscito, en que esta tendrá que pronunciarse si acepta o rechaza la propuesta constitucional elaborada por la Convención. Según lo anunció el propio Presidente Boric, la campaña tendrá tres etapas, y la primera se dedica a informar sobre el proceso constituyente. Luego vendrá una segunda fase, que se iniciará una vez que se tenga el texto final propuesto y debería estimular los debates sobre los contenidos de lo que allí se plantee. Por último, habrá una etapa final, relacionada con la información sobre los locales de votación.

Ya la primera etapa ha despertado controversia. La oposición ha afirmado que, más que una campaña de “Educación cívica constitucional”, como la han caracterizado sus autores, se trataría de una abierta intervención electoral. De hecho, el lunes parlamentarios de oposición recurrieron formalmente a la Contraloría, para que esta se pronuncie sobre la legitimidad de hacer esta actividad utilizando recursos públicos, aportados por todos los chilenos, pero que, al menos hasta ahora, no entrega información alguna sobre el proyecto constitucional. En efecto, los datos que proporciona el primer video de la campaña solo se refieren en forma algo tendenciosa a la elaboración de las constituciones en la historia de Chile, evitando cualquier matiz y haciendo notar que esta es la primera vez en que participan más de 150 ciudadanos elegidos democráticamente. El Presidente Boric ha afirmado que el sentido de esta iniciativa “es informar a la ciudadanía cuáles son las alternativas, considerando siempre que tanto el Apruebo como el Rechazo son opciones válidas y legítimas”. Pero, ya desde su eslogan, el tono de la publicidad es de un inequívoco apoyo a la propuesta.

Es evidente que el Gobierno no puede utilizar los recursos públicos para alentar una u otra opción, pues entonces se arriesga que no sea la opinión libre de los ciudadanos la que resuelva sobre la nueva Constitución, sino un resultado manipulado por una campaña dirigida por las autoridades y financiada con recursos que pertenecen a todos. Como ha advertido la Contraloría en relación con este plebiscito, no teniendo el Ejecutivo un rol directo en este más que cumplir un mandato constitucional —realizar la respectiva convocatoria—, la postura del Gobierno, en el ejercicio de la función pública, ha de ser de una estricta neutralidad. En este caso, aunque las autoridades afirman que su campaña solo proporciona información objetiva, en verdad no aporta información alguna sobre la propuesta constitucional, sino que más bien se preocupa de poner la actividad de la Convención en la mejor luz posible. Ni la oposición ni incluso buena parte de quienes respaldan al Gobierno creen que este primer aviso cumpla con los altos estándares que se han exigido en procesos electorales previos.

La Contraloría será la encargada de pronunciarse sobre la posibilidad de que las actividades que está desarrollando el Ejecutivo constituyan o no una intervención electoral, tal como ya ha definido los marcos a los que se deben someter los funcionarios públicos ante el próximo plebiscito. Este órgano ha tenido una larga trayectoria de hacer respetar estas normas y cabe esperar que en esta ocasión nuevamente haga cumplir la neutralidad que ya ha establecido como criterio. Esto, en un contexto en que el Presidente ha hecho ver que su gobierno, y en particular él mismo, ha defendido la idea de un cambio constitucional, y quizá por ese antecedente los distintos sectores políticos se muestran especialmente sensibles a cualquier desviación respecto de la debida imparcialidad.

La libertad de expresión de los ciudadanos descansa en buena medida en que los recursos públicos sean usados solo para fines que sean legítimos, acordados por las grandes mayorías y no por un sector, aunque este se encuentre ejerciendo temporalmente el gobierno. En otros países de América Latina, la participación de las autoridades en las campañas públicas, siempre dándoles una orientación política que las favorezca, es una de las principales amenazas a la existencia de una prensa independiente. Sería lamentable que Chile, que se ha mantenido al margen de tan grotescas prácticas, cayera ahora en esa tendencia.