Señor Director:

En relación con la decisión del Mineduc de impugnar las bases técnicas de los aranceles regulados —elaboradas por la administración anterior—, el Consejo de Rectores reafirma su decisión de acoger la invitación de la Subsecretaría de Educación Superior y participar en un nuevo proceso de fijación de estos valores.

El artículo 91° de la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior establece un procedimiento para determinar estos valores regulados en las instituciones adscritas a gratuidad. Se establece que este mecanismo deberá considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior y a las federaciones de estudiantes respectivas.

A juicio del CRUCh, esto no fue ejecutado adecuadamente durante la administración pasada, derivando en el desarrollo de un modelo que no tenía una adecuada justificación técnica ni se ajustaba a la heterogeneidad del sistema de educación superior chileno.

Los cuestionamientos del Consejo fueron avalados por la Contraloría General de la República, que acogió los reparos a este procedimiento. La administración anterior recogió estas indicaciones, modificó las bases técnicas y las publicó en marzo de 2022. No obstante, a juicio de las actuales autoridades aún subyacen problemas metodológicos, optando por invalidarlas.

En este contexto, llama la atención que, en una carta enviada a este medio el martes 31 de mayo, el exsubsecretario de Educación Superior Juan Eduardo Vargas critique al CRUCh por anunciar su participación en el nuevo proceso.

La misma Ley N° 21.091 establece que a nuestra organización le corresponde asesorar y formular propuestas al Mineduc en las políticas públicas en materia de educación superior. Mal podría acusarse al Consejo de Rectores y a su vicepresidente ejecutivo de “candidez” al pretender cumplir con su rol y atribuciones legales.

Juan Manuel Zolezzi
Vicepresidente ejecutivo
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas