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Cartas
Martes 31 de mayo de 2022
Aranceles regulados
Señor Director:
El CRUCh acaba de anunciar que “el pleno de rectores y rectoras participará en el nuevo diseño de aranceles regulados, tras la decisión de la Subsecretaría de Educación Superior de impugnar las bases técnicas formuladas durante la administración anterior”.
Lo que llama la atención de este anuncio, además de la impugnación misma, que ciertamente deberá justificarse, es la candidez con la que el vicepresidente ejecutivo del CRUCh señala que ellos participarán en el proceso de fijación de aranceles regulados, que —recordemos— representa el monto que el Estado debe traspasar a las instituciones adscritas a la política de gratuidad por cada estudiante que goza de tal beneficio. La participación “en el diseño” no solo no está contemplada en la ley, sino que representa un sinsentido que solo parece darse en nuestro país: el regulado (las universidades) se “sienta a la mesa” con el regulador (el Mineduc) para definir conjuntamente el precio que por ley debe fijar el segundo para ser transferido al primero. ¿Se imagina el lector que la misma situación aconteciera en otros ámbitos donde el Estado debe fijar precios?
Por si fuera poco, solo se “invita a la mesa” a un grupo de instituciones, las del CRUCh, dejando fuera a las universidades privadas, a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica, que albergan a la mayoría de los estudiantes en gratuidad, quienes se verán afectados negativamente por esta situación.
En el Chile de hoy, ya nada parece sorprender demasiado.
Juan Eduardo Vargas Duhart
Exsubsecretario de Educación Superior