Un vil atentado contra un bus que transportaba trabajadores que realizaban labores de reforestación en la comuna de Lumaco terminó con la vida de uno de ellos, Segundo Catril. Ninguna organización se ha responsabilizado de los hechos. El crimen da cuenta de la indefensión en que viven los habitantes de diversas localidades de la macrozona sur, donde los hechos de violencia vienen escalando en los dos últimos años sin que se vislumbre una estrategia eficaz para controlarlos.

Por supuesto, ello no solo refleja incapacidad, sino visiones enfrentadas respecto de cómo abordar la violencia en la zona. Subyace una inentendible dificultad, o hasta reticencia, para separar las demandas por el reconocimiento que merece el pueblo mapuche, y acciones que han adquirido un claro cariz de guerrilla militar y de reivindicación por medio de las armas, aun contra miembros de la propia etnia. Esto convive y se entremezcla con organizaciones delictivas que aprovechan este contexto, ocultándose detrás, por una parte, de las reivindicaciones, y, por otra, de las indefiniciones gubernamentales.

Estas últimas no son nuevas, pero bajo la actual administración han crecido. El estado de excepción “acotado” debe ser considerado por las insuficientemente protegidas comunidades de la zona como una burla y por los grupos armados como una oportunidad para desafiar al Estado y aumentar las inseguridades de la población, facilitando sus objetivos. En efecto, el clima de temor que genera este contexto debilita a las comunidades casi en el mismo grado que la violencia real, porque las pone bajo el dominio abusivo e impredecible de quienes no se guían por las reglas del Estado de Derecho. Esta vulnerabilidad es incompatible con las libertades que las democracias aspiran a asegurar a sus habitantes.

El debate que el Gobierno tiene en su seno no parece hacerse cargo de esta realidad. Sus acciones parecen guiadas por el temor a los efectos de una actuación más decidida. Así, el escenario queda dominado por grupos pequeños que no representan al pueblo mapuche y que en algunos casos pueden no tener siquiera real interés en su reconocimiento, sino más bien en perpetuar un estado de cosas que facilita su actividad delictual. Se enfrenta de este modo el riesgo de generar la percepción de un Estado fallido, que solo puede ahondar la crisis que ahí se vive. Esta, a su vez, alimenta procesos anómicos en otros grupos de la sociedad, que pueden extender las inseguridades existentes y que son la principal preocupación de la población. Si ello no es abordado, puede conducir incluso a que el Estado pierda legitimidad para sostener el monopolio en el uso de la fuerza, con consecuencias nefastas para la vida en común.