Ante un texto constitucional con deficiencias estructurales, hay quienes llaman a aprobar para reformar. Intelectualmente, reconocen así que el texto es malo para los chilenos, pero aquietan su espíritu abrigando la esperanza de una reforma, aunque no sepan si se realizará, ni cómo, ni cuándo. Una apuesta arriesgadísima, que en cualquier otro ámbito no realizarían, pero en una de las decisiones más importantes para el devenir de su país y el de sus hijos, están dispuestos a efectuarla. Curioso, por decir lo menos.

Primero, porque la propuesta adolece de tantos y serios problemas, que reformarla no solo será una tarea titánica, sino que me temo imposible con las reglas establecidas. Si conectamos todos los capítulos y cómo se correlacionan, advertiremos, sin dificultad, cuán graves son los torpedos al progreso y al bienestar, a la gobernabilidad, la alternancia en el poder, a la libertad y el acceso a bienes y servicios (por medio de los derechos de la naturaleza y de los animales, del debilitamiento del derecho de propiedad, las nuevas categorías de bienes naturales comunes y las huelgas amplias, sin limitación de niveles, materias ni tiempo, que expondrán a toda la población a la paralización de servicios tan rutinarios como las telecomunicaciones y los medios de pago, y que no son esenciales según el texto).

También percibiremos cómo el colectivismo, predeterminado en la propuesta de Constitución, y no las asociaciones que libremente formamos para perseguir nuestros objetivos, la atraviesa entera, dándole un tiro de gracia a la igualdad ante la ley.

Usted tendrá derechos preferentes si pertenece a esos colectivos determinados; si no, es ciudadano de segunda clase. Advertir el fraccionamiento de la unidad nacional, con autonomías que harán la nación ingobernable, es también sencillo, así como entender que el sistema político, experimental, con escaños reservados sobredimensionados en el futuro Congreso, adicionales a los 155 miembros o más, y una Cámara de las Regiones que no incide en el debate, podría, por mayorías, redibujar el diseño institucional para controlar los sistemas de justicia, órganos autónomos constitucionales y demás controles al poder.

Luego, es curioso aprobar para reformar, cuando era evidente, y fue advertido, que no se permitiría o se obstaculizaría que este Congreso tocara el sacrosanto texto octubrista de la Convención. ¿Permitir que el Senado, que inexplicablemente desprecian por “elitista”, “obstaculizador” y recientemente por ser “desleal”, cambie la propuesta del “poder” constituyente? No pues. Y aunque sean burdamente incongruentes —por todo lo que tantos en la izquierda han sostenido por años— la norma transitoria concordada por la izquierda, incluido el socialismo, le pone un candado al Congreso actual para impedirle tocar el texto. Solo podría reformarlo con 2/3; en los hechos, será intocable.

En cambio, desde 2026, el Congreso plurinacional, cuyas reglas para elegir a sus primeros integrantes quedan, asimismo, amarradas en las transitorias, con paridad y escaños reservados en ambas cámaras y electos como para la Convención, la podrá reformar por mayoría de los presentes o en ejercicio, y, en algunos temas, se sumará un plebiscito ratificatorio que también se resuelve por mayoría. Muy conveniente para el proyecto único de sociedad que nos plantea la extrema izquierda en la propuesta, que no valora la diversidad de los individuos que la componen, pero muy peligroso para la ciudadanía.

Choca el estatuto diferenciado y que la Constitución, en el futuro, pueda modificarse casi como una ley cualquiera. En el Congreso indigenista de 2026, bastará, por ejemplo, para cambiar el período presidencial, una mayoría simple y un plebiscito favorable. El carismático líder propondrá, en tiempos convenientes, la reforma, la que se aprobará, pues contará con todo el poder del Estado para hacer campañas “informativas” y elocuentes (lo hemos visto en naciones vecinas).

¿No debía la Constitución protegernos de estos abusos? Los que aprueban para reformar asumo están tranquilos; seguro, dicen, eso no está permitido. ¿Dónde está eso en el texto si expresamente solo permite una reelección presidencial?

Aprobar para reformar lo que, en realidad y con algo más de coraje, reconocerían que debe hacerse de nuevo, no resolverá nada y, en vez, podría hundirnos. Tal vez se caiga el candado de 2/3 en el pleno, pero no quedará muy distinto de lo que proponen, pues la Convención “se defiende”. Ya lo hemos visto una y mil veces con los informes anteriores, pero no faltará el que se dé por satisfecho con que quedó “menos malo”. ¡Por favor! Es hora de actuar con realismo y bajarse de la ilusión creada para calmar el alma.