La inflación opera como un impuesto. La pérdida del poder adquisitivo del dinero generada por el aumento en los niveles de precios debe ser así entendida. A modo de ejemplo, si con mil pesos se podía adquirir una determinada cantidad de un producto hace un año, hoy con los mismos recursos se puede comprar un 10% menos. Es además un impuesto regresivo, toda vez que golpea más a los hogares más pobres, que dedican un mayor porcentaje, si no la totalidad de sus ingresos, al consumo. Entonces, con una inflación por sobre los dos dígitos en 12 meses, Chile enfrenta una “reforma tributaria” delicada y las autoridades económicas tienen la responsabilidad de hacer los esfuerzos necesarios para evitar su propagación e impacto.

Por lo anterior es que las recientes proyecciones de los operadores financieros respecto de la evolución de los precios generan preocupación. Estas no muestran una tendencia a la baja, sino, por el contrario, anticipan un aumento en el impuesto inflacionario. De acuerdo con los antecedentes recolectados por el Banco Central en este ámbito, el mercado proyecta variaciones del IPC para mayo y junio de 1,1% y 0,8%, respectivamente, lo que significa un alza respecto de las proyecciones pasadas (0,8% y 0,7%). De confirmarse las cifras, la inflación en doce meses se mantendría por sobre los dos dígitos, pudiendo cruzar la barrera del 12%.

En perspectiva, la situación es explicada por factores internos y externos. En el plano local, el gigantesco aumento del gasto público, la irresponsable decisión del Congreso de permitir múltiples retiros desde los fondos de pensiones y las políticas de expansión monetaria impulsadas por el mismo Banco Central generaron niveles históricos de liquidez que impulsaron el consumo, precisamente cuando la economía no se recuperaba del shock de oferta que habían significado las restricciones al comercio mundial. Entonces, frente a una galopante y artificial demanda, sumada a una oferta restringida a nivel global, los precios se movieron al alza. Cabe señalar que tal obvia situación fue alertada anticipadamente, pero los tiempos de la política local no permitieron un ajuste temprano.

La invasión de Rusia a Ucrania, por otra parte, aceleró las presiones sobre productos específicos. Así, el petróleo y algunos granos han visto afectados sus precios globales por este evento. El impacto ha llegado también al nivel local y ha sido además acompañado por una fuerte caída del peso frente al dólar —la divisa llegó a cotizarse cerca de los $870 hace algunas semanas y se ha mantenido por sobre los $830 en forma continua—, lo que también presiona a mayores precios, particularmente en productos importados. Ello probablemente juegue un rol importante en las cifras de inflación de mayo y junio.

Ante esto, la acción del Banco Central es fundamental. Si bien en un principio el aumento de 125 puntos base de la TPM, que la dejó en 8,25%, parecía suficiente, las recientes tendencias y el potencial desanclaje de las expectativas de los agentes de las metas de política deberían hacer necesarios nuevos aumentos. Esto es precisamente lo que anticipa el mercado y es consistente con la tendencia en el mundo. Por de pronto, las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos conocidas el miércoles también dan cuenta de posibles aumentos adicionales en su tasa de política monetaria.

Pero, por cierto, la responsabilidad del Central es compartida con el Gobierno. Hacienda debe internalizar la compleja situación económica que enfrenta el país, desarrollando medidas que acoten el gasto público. A la luz de la tendencia inflacionaria, el esfuerzo fiscal contenido en la Ley de Presupuesto aprobada el año pasado será insuficiente. El importante aumento del salario mínimo puede ser también contraproducente, mientras que la idea de establecer un observatorio de precios puede tener valor informativo, pero no resolverá el problema. Mucho menos lo hará la instalación de relatos culpabilizadores del sector privado, como los sugeridos por algunas autoridades.

Frente a la inflación, la tolerancia de la población, particularmente la clase media y menos acomodada, es baja. Por lo mismo, el impacto político que implica la búsqueda de responsables es amplio. Las acciones del Estado para contener el impuesto inflacionario pueden ser impopulares en lo inmediato, pero son la única forma de evitar pagar, literalmente, un mayor precio en el largo plazo.