Atravesamos una crisis climática que no tiene precedentes en millones de años. Una de sus consecuencias directas es la pérdida de biodiversidad, que es fundamental para mitigar y adaptarse al cambio climático. La evidencia científica disponible nos alerta del deterioro que vienen registrando nuestras especies y ecosistemas: un millón de especies de animales y plantas están en peligro de desaparecer (Ipbes 2019), con la mitad de nuestros ecosistemas amenazados y en urgente necesidad de restauración. Este deterioro está íntimamente vinculado con el bienestar humano y nuestro desarrollo como sociedad. El Foro Económico Mundial relevó la pérdida de biodiversidad dentro de los tres principales riesgos que enfrentaremos esta década, debido al colapso de los sistemas alimentarios y de salud, así como la afectación de cadenas productivas completas. Esto es particularmente sensible para Chile, cuya matriz productiva está directamente vinculada a los recursos naturales.

El futuro de nuestro país depende de cómo enfrentemos este enorme desafío. Lamentablemente, no tenemos buenas noticias. Hasta el día de hoy no contamos con un marco normativo e institucional adecuado para la conservación de la biodiversidad, ni con recursos humanos y financieros suficientes para la gestión en terreno. Nuestro país se ubica dentro de los diez países del mundo que menos invierten en conservación de la biodiversidad; la tarea de administración y conservación de las áreas protegidas se encuentra dispersa en cinco ministerios y múltiples instituciones, que tienen escasa coordinación entre sí; carecemos de instrumentos para enfrentar amenazas como las especies exóticas invasoras (tenemos 25 de las 100 especies más dañinas del planeta); y el futuro que nos espera es un mundo cada vez más caliente, con incendios y sequías. Por último, no contamos con una legislación que reconozca y promueva la labor del sector privado en conservación, personas naturales y la sociedad civil, tema sensible en regiones donde los ecosistemas se encuentran prácticamente sin protección y no existen tierras fiscales para protegerlos, como es el caso de la zona central de Chile.

La amenaza del cambio climático nos exige, más que nunca, fortalecer nuestra institucionalidad ambiental, especialmente en lo que respecta a la conservación y restauración de la biodiversidad. Para ello es fundamental avanzar en la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) —que se discute en el Congreso desde hace 11 años—, para perfeccionar algunos puntos y aprobarlo de forma expedita. Este proyecto apunta al corazón de los problemas antes descritos: crea un servicio público que liderará la conservación de la biodiversidad en Chile con recursos humanos y financieros acordes; establece un único Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), integrando las áreas marinas, terrestres, públicas y privadas en un solo instrumento; crea un marco normativo sólido y genera instrumentos de gran relevancia para enfrentar amenazas a la biodiversidad, como los planes de gestión de especies exóticas invasoras; así como también instrumentos que permiten promover y potenciar la gestión público-privada en todo el país, en particular en aquellos lugares donde las áreas protegidas no son suficientes; y mejora el financiamiento que el Estado destina a la conservación, con un presupuesto anual en torno a los $40.000 millones en régimen.

No podemos demorar más la creación del SBAP, que actualmente se encuentra en la comisión de Agricultura de la Cámara. Necesitamos avanzar de forma urgente en su tramitación legislativa para implementarlo cuanto antes y no es posible que los intereses privados de algunos grupos de interés tengan paralizada su tramitación. El tiempo se nos acaba.

Bárbara Saavedra
Eliodoro Matte
Jorge Canals
Francisca Tondreau
Jorge Matetic
Nicholas Davis
Sylvia Eyzaguirre
Antonio Lara
Juan Andrés Camus
Magdalena Aninat
Ricardo Bosshard
Maximiliano Ibáñez
Leonidas Montes
Eugenio Rengifo
Alejandra Garcés
Edmundo Claro
Alexandra Petermann