Señor Director:

La seguridad es una de las principales prioridades de la gente en todos los estudios de opinión pública. Es oportuno por tanto saber qué dice el borrador de nueva Constitución al respecto.

El texto propuesto aborda la seguridad de manera preocupante. Primero, debilita al Estado para hacer frente a las principales amenazas del siglo XXI: el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Segundo, pone un énfasis desbalanceado en los presos respecto de las víctimas de los delitos.

En lo primero, elimina la seguridad nacional como un objetivo del Estado, debilita a las policías y limita las herramientas del Gobierno dependiendo de la gravedad de la amenaza. Así, se suprime la mención a Carabineros y la PDI como Fuerzas de Orden y Seguridad, con una alusión general a “las policías”. Esto abre la puerta a la existencia de otros que cumplan esa función, quizás a nivel regional o municipal, y fronteriza o aduanera, diluyendo la responsabilidad. Las actuales policías solo son mencionadas ante una acusación constitucional en contra de su general director o director general, vaya reconocimiento.

El borrador restringe a las FF.AA. solo al “resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial”, suprimiendo toda función en el ámbito interno. Las consecuencias son evidentes: no habría Decreto 265 que opera en el norte para el control del tráfico ilícito de migrantes, el narcotráfico y crimen organizado transnacional con apoyo militar; ni Policía Marítima para enfrentar la pesca ilegal o el narcotráfico marítimo.

Ante una amenaza grave para la seguridad nacional, nadie duda hoy de la necesidad de una herramienta como el estado de emergencia, que permite un trabajo conjunto de las FF.AA. con las Fuerzas de Orden para enfrentar las ya señaladas amenazas. Sin embargo, la Convención, con una mirada añeja, elimina dicho estado de excepción, pese a que el actual gobierno terminó reconociendo —por la fuerza de la realidad— su pertinencia en la macrozona sur.

El otro factor de preocupación es la priorización de los derechos de los presos sobre las víctimas de la delincuencia. Estas no son parte de esta propuesta constitucional, a diferencia de los privados de libertad, quienes tienen un título completo para sus garantías. El texto propuesto deja claro que para toda persona detenida por un delito “la libertad es la regla general” y toda persona privada de libertad debe tener “espacios para el estudio, trabajo, deporte, las artes y culturas”. No solo eso, a cada persona que sea privada de libertad y no resulte condenada se le indemnizará por cada día preso, generando inhibición en los jueces para decretar prisiones preventivas. Para el victimario, garantías explícitas; para las víctimas, total indiferencia. Podríamos llegar al absurdo de que homicidas sean candidatos, o incluso resulten electos como diputados o representantes regionales, ya que al no estar privados de ciudadanía ni de derecho a sufragio son plenamente elegibles. Pero aún más, la Convención incorporó al borrador la Defensoría Penal para todo imputado de delitos, pero rechazó la Defensoría para las víctimas de delitos. Un delincuente tiene asegurado un abogado y una víctima no.

Así, respecto de la principal preocupación de los chilenos y chilenas, el borrador de Constitución no solo no la prioriza, sino que termina directa o indirectamente debilitándola, afectando a las familias que sufren las consecuencias de la delincuencia, del narcotráfico y del crimen organizado.

Juan Francisco Galli B.
Pablo Urquízar M.
Abogados