El Comité de Ministros es el encargado de “conocer y resolver los recursos de reclamación” en contra de “las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental”, según especifica la ley. Está presidido por quien encabece la cartera de Medio Ambiente, e integrado además por los titulares de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. Su propósito es ponderar los antecedentes técnicos del proyecto cuestionado, y combinarlos con consideraciones de carácter político respecto de la conveniencia para el país de llevarlo a cabo, resolviendo su cancelación o ejecución, y en este último caso, bajo qué condiciones.

En los próximos días o semanas, dicho Comité deberá resolver respecto de dos proyectos de inversión de gran envergadura: el desarrollo del mineral de hierro Dominga (US$ 2.500 millones) y la ampliación de la mina de cobre Los Bronces, de Anglo American (US$ 3.000 millones). Se trata de un importante primer desafío para el Comité de Ministros de este gobierno. Aunque las objeciones que ambos proyectos han recibido están concentradas en aspectos puntuales perfectamente subsanables —la interferencia del tráfico marítimo para exportar el hierro con las rutas utilizadas por poblaciones de mamíferos marinos como ballenas y delfines que abundan en esa zona, y el eventual daño que causaría el material particulado generado por la producción subterránea de cobre, respectivamente—, el hecho de que el Gobierno se haya presentado ante la ciudadanía como “ecológico” parece dejar poco margen de maniobra al Comité; más aún cuando, asumiendo una lectura muy simplista de aquel concepto, quienes integran hoy el oficialismo impulsaron como oposición un rechazo cerrado a diferentes proyectos de inversión, entendiendo que casi per se cualquier iniciativa que tuviera algún impacto ambiental merecería ser objetada, al ser expresión de un modelo “extractivista”, sustentado en la degradación de los ecosistemas. Tal actitud de sospecha y recelo se ha expresado también en la discusión constitucional, y hasta en la gestión de las autoridades locales vinculadas al pacto Apruebo/Dignidad.

Contrasta ello, sin embargo, con la posición del ministro de Hacienda, quien, ante la perspectiva de una economía en desaceleración y con riesgo incluso de caer en recesión técnica, ha planteado la urgencia de recuperar el dinamismo de la inversión. En ese sentido, resulta evidente que una decisión contraria a la realización de esos proyectos exacerbaría las dificultades de la autoridad para recaudar los recursos que le permitan cumplir con las exigentes promesas que hizo a la población, y daría una poderosa señal de alerta a los agentes económicos.

Las circunstancias que rodean a ambas iniciativas son particulares. En su origen, el expresidente Piñera tuvo participación en Dominga, lo que confirió una carga política a su ejecución; sumado esto a los cuestionamientos que ha recibido, llevó al Presidente Boric a declararlo como un símbolo de las “zonas de sacrificio” que él querría eliminar. Pero ya antes, cuando por primera vez este proyecto fue votado en un Consejo de Ministros, durante la última administración Bachelet, generó un conflicto interno de proporciones, que llevó a la renuncia del equipo económico que entonces encabezaba Rodrigo Valdés. Por otra parte, los inversionistas mineros están expectantes ante lo que ocurra con Los Bronces, tanto por lo que significa en sí como por el escenario de alta incertidumbre que se ha abierto para esta actividad a partir del borrador constitucional.

Así las cosas, lo que el Comité de Ministros decida respecto de estos dos proyectos resultará emblemático para el curso económico del país en los próximos años.