Hace algunos días asesinaron en Colombia al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El persecutor, especializado en perseguir bandas criminales, se encontraba en la isla Barú de Cartagena, Colombia, en plena luna de miel. Dos sujetos se acercaron por el mar en una moto de agua, uno descendió del vehículo acuático y le propinó dos disparos. El caso ha puesto de relieve el poder que tienen los grupos criminales organizados en Sudamérica, donde se concentran importantes mafias en torno al tráfico de drogas, el tráfico de personas y el contrabando.

El continente americano reúne 37% de los homicidios de todo el planeta, señaló un estudio de Naciones Unidas. Buena parte de ellos ocurren en América Latina, que concentra apenas el 8% de la población mundial. La amplia disponibilidad de armas de fuego y el aumento de las pandillas y grupos del crimen organizado explican por qué muchos países latinoamericanos mantienen un nivel más alto de homicidios de lo que cabría esperar de su nivel de desarrollo.

En el caso de Paraguay, tradicionalmente ha sido un mercado en que se comercializan productos falsificados, siendo uno de los principales proveedores en el mundo de cigarrillos de contrabando, en un mercado que solo en Paraguay transa más de 1.000 millones de dólares anuales, y la evidencia apuntaría a que las mismas mafias detrás del tráfico de drogas estarían detrás de este negocio de contrabando. El asesinato del fiscal paraguayo constituye un punto cúlmine en la osadía de las bandas organizadas para atacar los esfuerzos gubernamentales que intentan combatirlas.

Por supuesto, ninguno de estos fenómenos es ajeno a Chile. En los últimos años el aumento de la criminalidad, especialmente en la frontera norte, evidencia un problema grave de débiles controles fronterizos que están siendo utilizados por bandas organizadas para ingresar ilegalmente personas y productos prohibidos. Por estas extensas fronteras ingresan ilegalmente drogas, armas, productos de contrabando y migrantes irregulares. El tremendo desafío obliga a mancomunar esfuerzos para combatir este flagelo, pues la intensificación de los controles fronterizos en todas sus formas permitirá incautar mayor cantidad de droga, armas, especies de contrabando y disminuirá la inmigración ilegal. De tal manera que el trabajo de las distintas agencias gubernamentales debe ser coordinado y con espíritu de colaboración.

El trabajo de los servicios de Aduanas, Impuestos Internos, Carabineros, PDI, requiere coordinación y directrices comunes. Por su parte cada una de estas instituciones deberá proveer a la Fiscalía de las denuncias necesarias para sancionar penalmente los delitos que se pesquisen. Pero para tener resultados alentadores en esta materia es fundamental el trabajo de inteligencia. Para ellos las agencias especializadas de las respectivas policías, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Unidad de Análisis Financiero deberán proveer de insumos adecuados que permitan apuntar a las cabezas de los grupos organizados detrás de esta actividad delictual. De otra manera, los detenidos serán siempre eslabones menores e intercambiables dentro de estos grupos, y no aquellos que efectivamente organizan la actividad delictual. La magnitud del problema lo demanda. Ese es el desafío.

Carlos Gajardo
Abogado y exfiscal