Como si el anterior episodio no fuera suficientemente indicativo de la desorientación en que está sumido el Gobierno, lo ocurrido a fines de esta semana con el contraalmirante de la Armada Jorge Parga, quien fuera removido al segundo día de ser nombrado jefe de la Defensa Nacional de Estado de Emergencia en Arauco y el Biobío, confirma cómo en el tema de seguridad son vulnerables a los grupos de presión y se muestran capturados por posturas ideologizadas. En este caso, además, la errática actuación del Gobierno terminó afectando la carrera de un destacado oficial, a quien solo le cabe ahora esperar su retiro al haber sido livianamente juzgado. Se llegó incluso al extremo de vincular impropiamente su salida con las violaciones a los derechos humanos.

Y es que además de lo obvio, que es constatar el error de nombrar a alguien y después sacarlo aduciendo hechos públicos que debieran haber sido conocidos con anterioridad por las autoridades, lo sucedido es injusto, y genera un estándar que difícilmente puede mantenerse frente a otros sucesos similares. Las declaraciones que se aducen para justificar su salida, en que defiende la inocencia de uno de sus subordinados que estaba formalizado por homicidio —los tribunales parecen haberle encontrado razón, pues con posterioridad se descartó el dolo y solo hubo una condena por cuasidelito de homicidio, que considera un actuar meramente imprudente en circunstancias especialmente difíciles—, no tienen la gravedad que se les atribuye, y desde luego están muy lejos de justificar o amparar violaciones a los derechos humanos, como se ha pretendido. Lo expresado por la familia del joven fallecido agradeciendo al Presidente de la República porque haya sacado del cargo a quien “salió a proteger al asesino de mi hijo”, muestra el grado de distorsión al que se ha llegado.

Por otra parte, habiéndose decretado recientemente estado de emergencia en la macrozona sur, la señal que se da a los uniformados que deben resguardar el orden es confusa, incompatible con la delicada misión que se les encomienda. Sin una autoridad que los respalde adecuadamente, que busca cualquier oportunidad para hacer un guiño a sus bases de apoyo más duras, parecen entregados a su suerte.

Todos estos episodios dejan en evidencia que mientras las autoridades no resuelvan sus propias contradicciones internas, será difícil avanzar en el restablecimiento del orden público.