A la luz del masivo apoyo dado a la dictación de una nueva Constitución en el plebiscito de octubre de 2020 por cerca de un 80 por ciento de los votantes, es razonable evaluar desde ya alternativas para el caso de que en el plebiscito de salida la ciudadanía rechace el polémico borrador propuesto por la Convención Constitucional, de manera que esa decisión no signifique el empantanamiento del proceso de renovación institucional del país.

El propio Presidente Boric, en entrevista televisiva a principios de mes, admitió que “es algo que estamos discutiendo. Hay que anticiparse a los escenarios”. Si bien en esa ocasión no quiso adelantar algún mecanismo o alternativa en caso de no aprobarse la propuesta plebiscitada, tal actitud podría cambiar a medida que dicho escenario se aproxima.

Eso, por lo demás, parece esperar la opinión pública del mandatario, más allá del resultado electoral. La encuesta Panel Ciudadano UDD publicada ayer por “El Mercurio” da cuenta de que un 70 por ciento de los consultados considera que el Gobierno debería preparar escenarios y comunicar a los chilenos lo que ocurrirá después del plebiscito de salida, sea que gane el Apruebo o el Rechazo; solo un 11 por ciento se manifestó en contrario.

Por cierto, ambos resultados electorales tendrían importantes repercusiones políticas e institucionales, pero mientras en caso de ganar el Apruebo existe una comisión de la Convención especialmente dedicada a analizar y proponer un diseño de transición desde la Constitución vigente al nuevo marco constitucional y el Gobierno ha entregado a esa instancia un conjunto de propuestas sobre la materia, el Ejecutivo se resiste a abordar el escenario alternativo.

Han sido más bien los círculos académicos y legislativos los que han liderado las reflexiones al respecto y en esta misma edición —en el cuerpo de Reportajes— se recoge el debate sobre lo que se ha denominado el “plan B”.

Haría bien el Ejecutivo —en palabras del mandatario en la referida entrevista— en “hacer públicas todas las alternativas que tiene un gobierno respecto de situaciones tan críticas como esta”.

La responsabilidad propia de la jefatura de Estado aconseja dar ese paso, pero también la prudencia política, especialmente ante el incierto resultado que anticipan las encuestas. Una clarificación del mandatario sobre los eventuales cursos de acción le permitiría proyectar la gestión gubernamental de los días siguientes al plebiscito, evitando un vacío o parálisis que intensificará la lectura del resultado como una derrota para el Gobierno.

La reflexión gubernamental al respecto debiera enfocarse en cómo reconstruir ese masivo apoyo expresado en octubre de 2020 por una ciudadanía que se ilusionó con un proceso integrador y dialogante, y que ciertamente no puede sentirse interpretada por las propuestas disociadoras y refundacionales que se impusieron al interior de la Convención Constitucional.