Diferentes análisis se han realizado acerca de la llamada “Constitución económica” en el borrador de nueva Constitución. El concepto se refiere a aspectos económicos específicos de la Carta Fundamental. Entre ellos, se encuentran cuestiones como la institucionalidad fiscal, el alcance de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República o la situación del Banco Central, su autonomía y el estatuto de sus consejeros.

La definición de “Constitución económica” es, sin embargo, parcial y no recoge adecuadamente la importancia de la institucionalidad política para las decisiones económicas. La literatura especializada —a partir del destacado trabajo de Acemoglu y Robinson— ha mostrado cómo el desarrollo se alcanza en países que cuentan con lo que se ha llamado una “institucionalidad inclusiva”, esto es, que permite la participación y competencia de la mayoría de las personas en el ámbito económico, desplegando sus talentos y tomando decisiones por sí mismas. Este tipo de institucionalidad va mucho más allá del diseño específico de ciertas instituciones económicas, pues supone también, entre otros puntos, la existencia de adecuados contrapesos a nivel político, que evitan la concentración del poder; una certera protección del derecho de propiedad, y la vigencia de un efectivo Estado de Derecho, que asegure la aplicación pareja de las reglas que la sociedad se impone. Estas características evitan que ciertos grupos accedan al poder y legislen en su propio favor, capturando rentas y perpetuando su control.

Así, resulta engañoso pretender separar, en una misma Constitución, los diseños de la institucionalidad económica y de la institucionalidad política, pues esta última es la que debe definir políticas públicas que afectan el quehacer económico de un país, así como interactuar, determinar autoridades y eventualmente modificar las propias instituciones económicas. Por ello es que se observa un cierto voluntarismo en las declaraciones del ministro de Hacienda, así como en las de algunos agentes cuyo interés se vincula con la percepción de una relativa estabilidad, en cuanto a que estarían “despejados” los aspectos económicos de la propuesta constitucional. Se trata de un planteamiento muy discutible cuando materias tan sustantivas como la existencia de adecuados contrapesos en el sistema político o de instituciones que fortalezcan la independencia judicial no aparecen garantizadas, el derecho de propiedad resulta debilitado respecto de su protección actual, y algunos grupos dentro de la sociedad reciben un tratamiento privilegiado, que les confiere especial incidencia en las decisiones.

Pero incluso en los asuntos más propiamente económicos del borrador constitucional también se observa el debilitamiento de instituciones relevantes. Una muestra es la eliminación de la iniciativa exclusiva presidencial en materia de seguridad social, que profundiza la línea abierta en los últimos años por el llamado parlamentarismo de facto a propósito de los retiros previsionales. Además, al tiempo que la propuesta elimina de la Carta Fundamental y deja entregadas a una simple mayoría las definiciones clave respecto de la actividad minera, abriendo nuevos espacios de incerteza (como se aborda separadamente), eleva a rango constitucional materias propias del ámbito legislativo, rigidizándolas. Así, por ejemplo, en el plano laboral, no solo se reconoce a las organizaciones sindicales como “titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva”, sino que se introducen la negociación ramal, sectorial y territorial y se establece un derecho a huelga casi ilimitado. Mientras, en un área crítica en la que el país había alcanzado consensos que permitieron promulgar hace menos de dos meses un nuevo Código de Aguas, se hace completa tabla rasa, poniendo en la incertidumbre los actuales derechos de agua y las actividades productivas que de ellos dependen.

No parece tal un panorama especialmente despejado.