Hoy martes se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, fecha que recuerda la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990, y que puso fin a esta discriminación institucionalizada.
De acuerdo con el primer “Estudio exploratorio sobre discriminación y violencia contra personas LGBTIQ+”, realizado en 2020 por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 89,3% de las personas que forman parte de esta comunidad en nuestro país afirmó haber sido víctima de discriminación. En el contexto escolar, sabemos que cuatro de cada cinco estudiantes LGBTIQ+ en Chile no se sienten seguros en su escuela, según un informe publicado en 2020 por la Unesco.
Estos datos son solo una muestra de una situación que afecta también a otros y otras integrantes de las comunidades educativas, como ocurrió con el caso de la docente de religión Sandra Pavez, quien en 2007 fue despedida de su trabajo por su orientación sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló recientemente a su favor.
Tener un desarrollo formativo en espacios de respeto y desarrollar un proyecto de vida no puede ser un privilegio. Las burlas, la violencia u otras acciones de odio dejan huellas en la dignidad de las personas que son irreparables o muy difíciles de superar en la vida adulta.
Como ministro de Educación y miembro de la comunidad LGBTIQ+, es mi responsabilidad trabajar de manera urgente en el diseño de políticas educativas inclusivas. Entendemos que todo marco normativo que proteja la dignidad de quienes han sido históricamente excluidos por reconocerse como diferentes o disidentes, contribuye a construir una sociedad más justa, inclusiva y diversa.
Hoy estaré en la Cámara de Diputadas y Diputados para apoyar la votación de la idea de legislar el proyecto de “Ley José Matías”, que lleva el nombre del joven trans de 15 años que se suicidó luego de sufrir acoso y discriminación en su establecimiento.
Esta moción modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado, reforzando la normativa sobre convivencia escolar, para resguardar mayor formación, prevención y sanción a los actos discriminatorios basados en la identidad personal, colectiva o de origen de niños, niñas y adolescentes. Esto va en sintonía con lo que mandata la nueva Ley de Garantías de la Niñez.
Además, avanzaremos en una ley de Educación Sexual Integral, un marco normativo que promoverá el desarrollo emocional de las y los estudiantes, el reconocimiento de la diversidad sexual, el cuestionamiento de los estereotipos de género, y la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Con ello, podremos avanzar en la creación de programas de formación para las y los trabajadores de la educación, con foco en la creación de ambientes seguros y en la prevención de la violencia sexista y homofóbica y del suicidio juvenil de la población LGBTIQ+.
Cada uno de los casos de violencia, discriminación y odio que sufren niños, niñas y jóvenes, nos debe movilizar como sociedad para avanzar en las transformaciones que sean necesarias para evitar que personas sufran solo por el hecho de ser ellos y ellas mismas. Nadie debería quedar indiferente ante su dolor.
La escuela debe ser un espacio protector donde se garantice una convivencia que reconoce las diferencias y ve en ellas la riqueza de una sociedad más justa. La escuela que sueño es una en que todos los proyectos de vida tienen un espacio desde la diferencia. Trabajaré para que así sea.
Marco Antonio Ávila
Ministro de Educación
