Señor Director:

Desde la nota publicada sobre el proceso de reclutamiento de Enseña Chile se ha dado un fuerte debate acerca de las soluciones a la crisis nacional de profesores.

Se estima que para 2025 existirá un déficit de al menos 32 mil profesores idóneos, es decir, sin estudios “formales” de Pedagogía (Elige Educar, 2019). Por si esto no fuese preocupante, las matrículas en las carreras de Pedagogía están a la baja (CIAE, s.f.) y el 40% de los profesores deserta antes del quinto año de ejercicio (Ávalos & Valenzuela, 2016).

Así, pareciera ser que programas como Enseña Chile son un parche necesario y bienintencionado para cubrir el déficit. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que el trasfondo que acompaña a Enseña Chile es que una persona de una disciplina afín al currículum, tras procesos de selección y Escuela de Verano, puede ejercer como profesor sin tener estudios formales de educación, algo impensado para otras carreras como Derecho o Medicina. Sin buscarlo, profundizan implícitamente la idea de que la profesión docente no es una profesión que se estudia cinco años. O sea, se desvalorizan, desprofesionalizan y se disuelven los incentivos de estudiar Pedagogía en la universidad. No podemos olvidar que la educación es una ciencia que implica mucho más que cierto conocimiento disciplinar o un checklist de competencias.

Lo más lamentable de todo es que este tipo de discusiones nos desvía del problema de fondo: las causas del déficit y sus soluciones mediante mejores políticas públicas. En concreto, mejorar las malas condiciones laborales, que son las que justamente motivan a los profesores a desertar y, al mismo tiempo, desmotivan a los jóvenes a estudiar Pedagogía.

Han sido años de políticas públicas que no han hecho más que estirar el elástico, cimentando soluciones parche que no resuelven el problema de fondo. Si bien es loable cuando la sociedad civil se organiza para resolver problemas públicos, esto no puede ignorar sus efectos adversos en el largo plazo. Por ejemplo, generan un cómodo palco a los políticos de turno en el cual no tienen que hacerse cargo de problemas como remuneraciones, salud mental, tiempo no lectivo, etcétera.

Es un error tratar de priorizar a los estudiantes sin priorizar también a los profesores y a las comunidades educativas.

María Josefina Aliaga
Profesora y estudiante de magíster en Liderazgo Educativo, UCL

Felipe Sánchez
Abogado y estudiante de magíster en Administración Pública, UCL