El Gobierno anunció unos diálogos ciudadanos para que “los distintos actores que han estado involucrados en la política comercial desde el mundo privado, el sector sindical, comunidades indígenas y locales puedan plantear cuál tipo de política comercial desean”. Con ello, se estaría buscando “una mayor legitimidad en la política comercial, contribuyendo a un desarrollo con más productividad, equidad y sustentabilidad”.

Aunque esta estrategia podría reflejar indecisión por parte del Gobierno —como han criticado varios—, lo cierto es que los resultados de los diálogos son completamente predecibles. Más que indecisión, aquí hay una decisión de procesar opiniones que son por todos conocidas y, como tales, con consecuencias anticipables.

Cada invitado hará valer su interés. Los sectores que enfrentan mayor competencia externa querrán morigerarla. Los grupos de trabajadores que enfrentan competencia externa de productos intensivos en mano de obra querrán mayor protección. Los grupos ambientalistas querrán libertad para que el Estado pueda limitar ciertas actividades.

Los grandes ganadores del comercio, en cambio, rara vez tienen voz en estos diálogos. Numerosos estudios muestran que buena parte de las ganancias de la apertura provienen del acceso a nuevos productos e insumos. ¿Quién alegará por mayor acceso a productos que ni siquiera conoce? También el acceso a bienes más baratos representa una ganancia directa del comercio. ¿Quién hará ver los costos en precios de una mayor protección? Menos voz tendrán los futuros emprendedores en actividades que hoy ni siquiera existen.

Pero más complejo aún es el silencio de la autoridad respecto de los criterios para ponderar las opiniones. Una vez oídos a los críticos, ¿qué corresponde hacer? Este es el meollo del asunto. La apertura comercial siempre, y en todo lugar, genera ganadores y perdedores. Esta es su esencia, y por eso los países exportan aquello para lo cual tienen ventajas de costos e importan bienes y servicios en los que no son competitivos. Por ello, no es la existencia de perdedores lo que define la bondad de la apertura comercial, sino la evaluación agregada del bienestar.

Las políticas públicas para compensar a aquellos grupos que pierden con el comercio deben correr por otro carril. No son ni la política comercial ni menos la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, sino las políticas sociales, las encargadas de velar por los grupos perjudicados.

La estrategia seguida por el Gobierno es la mejor receta para la captura del Estado por parte de grupos de interés. Si este hubiese sido el camino usado en el pasado, quizá seguiríamos ensamblando autos en Arica y usando jeans made in Chile, por cierto, sin exportar ni medio arándano.