Señor Director:

El Ejecutivo ha decidido respaldar la reforma constitucional presentada por el Gobierno anterior con algunas indicaciones para que las FF.AA. custodien cierta infraestructura crítica.

Es una buena noticia para intentar disminuir la ola creciente de delincuencia y violencia que afecta a nuestro país, aunque podría ser de muy corta vida si prosperan las definiciones de los estados de excepción que están impulsando los partidarios de este mismo Gobierno en la Convención Constitucional.

Sin embargo, encuentro que este nuevo régimen constitucional no será suficiente si las FF.AA. no tienen el respaldo político y jurídico para actuar.

Y este no es un tema menor: las FF.AA. no tienen preparación para controlar el orden público en zonas urbanas y rurales. Su misión principal es defender nuestra soberanía usando sus capacidades, armas y equipamiento.

Es distinto a su accionar multifuncional cuando el país es azotado por fenómenos naturales (terremoto, inundaciones, tsunami, etcétera).

En los estados de excepción como el estado de emergencia o este de nueva creación, las FF.AA. quedan en una suerte de limbo si no se dictan claras Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y se le otorga protección legal a su personal, si actúa bajo su cumplimiento y respeto.

Históricamente las FF.AA. en estas situaciones actúan por disuasión, esto es, temor a que en caso de infringir el orden público las FF.AA. usarán sus armas y equipamiento.

Si esto no es autorizado por la autoridad política definiendo con claridad dichas reglas, y su uso solo es castigado por la justicia, ¿cómo operará la disuasión? ¿Qué sentido tiene desplegar a las FF.AA. ante esas circunstancias?

Son temas que el Ejecutivo y el Parlamento debieran discutir ahora para no exponer a las FF.AA. a la ineficacia en tareas que exceden su preparación o en la que no podrán desplegar sus capacidades, convirtiendo su presencia en prácticamente inútil.

Jaime Ravinet de la Fuente