Solo unos meses después de haberse aprobado el nuevo Código de Aguas, fruto de un esfuerzo de 11 años, la Convención ha vuelto a cero casi todo lo obrado, salvo el tratamiento integrado de cuencas. El pleno ha aprobado normas que transforman los actuales derechos en autorizaciones de uso no comerciables, que requieren justificación y que se mantienen mientras se les dé su uso original. Los permisos serían otorgados por una Agencia Nacional de Aguas, pero al mismo tiempo habría un sistema de gobernanza descentralizado y “participativo”. Pese a que los derechos de la mayoría de las personas quedarían así precarizados y coartados, las autonomías indígenas, en cambio, tendrían sus aguas protegidas por el Estado en su integridad.

El argumento para una transformación tan radical de la institucionalidad es —según sus impulsores— una situación de escasez hídrica que no se debería solo al cambio climático, sino a una profunda negligencia e irresponsabilidad en la gestión de este bien natural. Tal razonamiento contrasta con el hecho de que, precisamente durante la sequía más profunda y larga que se recuerde, el país ha sido capaz de proveer de frutas y verduras no solo para el consumo doméstico, sino también para la exportación. Al contrario de lo argumentado, esto demuestra un aprovechamiento cuidadoso de las escasas aguas disponibles.

El ecoprimitivismo que parece tener apoyo en la Convención vería con satisfacción el fin de nuestras industrias de exportación: no más agroindustria que requiere un suministro de agua seguro para invertir, y una minería debilitada por no disponer de agua para sus faenas, ya que ellas pertenecerían en muchos casos a las autonomías indígenas o estarían a merced de las autoridades centrales de la Agencia de Aguas y de las asambleas locales (los “consejos de cuencas”).

Se trata de una verdadera receta para la expansión de la corrupción. Un agricultor que necesite desesperadamente de un permiso administrativo quedará a merced de un funcionario político, quien interpretará los acuerdos de los consejos, cuyos miembros incluyen no solo a tenedores de servicios, sino también a activistas (“sociedad civil”) y políticos locales y regionales (“entidades territoriales”). Al respecto, se debe recordar que una de las razones para que Chile hoy tenga relativamente bajos índices de corrupción es que muchos permisos administrativos deben otorgarse en forma obligatoria si se cumplen las condiciones establecidas, sin quedar entregados a la discreción de los funcionarios y de los operadores que manejarían estos “procesos participativos”. En el pasado lejano, las licencias de importación requerían una autorización: como era de esperarse, constituían una fuente de corrupción. La Convención pretende extender esta forma de operar a todo el sector de permisos de aguas.

Los problemas de acceso a este recurso son abordables de formas que tienen poco impacto sobre el medio ambiente. Chile puede, por ejemplo, energizar plantas desaladoras con energía renovable no convencional, resolviendo así las dificultades producto del cambio climático. Es lo que ha permitido solucionar el acceso al agua en Antofagasta, y que podría reproducirse en el resto de Chile. Pero requiere inversiones y certezas, nada de lo cual habría de prosperar esta propuesta constitucional.

Si se suma la iniciativa también aprobada sobre “soberanía” alimentaria, que aparentemente significaría retrotraer al país a producir cereales y leguminosas olvidando las exportaciones, la agricultura arriesga retroceder a escenarios de hace cincuenta años, cuando tales políticas prevalecían, con los consiguientes efectos: tierras abandonadas y casi nula inversión en agricultura, altos niveles de pobreza rural y flujos migratorios a las grandes ciudades. Sería ese un Chile no solo más pobre, sino que además sin los recursos necesarios para proteger el medio ambiente, aquellos de los que solo disponen los países que han resuelto sus problemas más apremiantes.