El Gobierno ha anunciado los lineamientos generales de su reforma tributaria. En concordancia con las promesas de campaña, una recaudación superior al 4% del PIB sería el objetivo buscado, lo que se conseguiría a partir de tres grandes ejes: un aumento del royalty a la minería, medidas para reducir la evasión y un fuerte aumento en el impuesto a las personas de mayores ingresos. Esta conformación difiere de lo planteado originalmente, reconociendo implícitamente la poca eficacia del llamado impuesto “a los súper ricos”, así como las dudas que en su momento se levantaron respecto de las medidas contra la elusión y la evasión. Es, pues, como elemento compensatorio que el plan del Gobierno estipula un incremento significativo en el impuesto a la renta que pagan las personas de más altos ingresos y patrimonio.

Se trata de una discusión que debe ser abordada cuidadosamente y donde la elaboración de una propuesta ha de tener en cuenta distintas consideraciones. En efecto, son varios los estudios que confirman que es en el impuesto a las personas donde existe la mayor brecha de recaudación entre Chile y naciones de mayor desarrollo. Sin embargo, esta diferencia se explica principalmente por la menor tributación de los grupos de ingresos medios en nuestro país. Esto es, no se trata solo ni principalmente de que los ingresos altos tributen más en los países desarrollados, sino de que quienes registran ingresos medios tienen niveles de impuestos mayores en los países OCDE. Por razones políticas, el Gobierno parece no querer inmiscuirse en esta discusión, y más bien buscaría aumentar sustantivamente los impuestos a las rentas más altas, que en lo fundamental las tienen profesionales de alta calificación y responsabilidad.

Las implicancias de esto no deben ser subestimadas, especialmente tomando en cuenta que dentro del proyecto del Gobierno —y también en la discusión constitucional— se consideran ideas como aumentar el impuesto al patrimonio (bienes raíces, pero también activos financieros, entre otros), además de destinar las cotizaciones previsionales y de salud a un fondo común, todo lo cual representa un aumento importante de impuestos. De concretarse estas iniciativas, la carga tributaria de los profesionales de ingresos altos y medio altos se incrementaría significativamente, pudiendo ello generar un desincentivo al trabajo formal. Más aún considerando que los servicios provistos por el Estado son en muchos casos estimados de mala calidad o no suficientemente oportunos, como ocurre con las listas de espera en salud.

La discusión tributaria representa una de las tantas fuentes de incertidumbre que hoy están afectando la actividad económica, y se produce además en el contexto de una discusión institucional compleja. Baste recordar que el debate sobre el royalty se da en paralelo con el desarrollo de una Convención donde se siguen planteando fórmulas para excluir o al menos limitar sustancialmente la participación de los privados en la actividad minera. Resultan en ese sentido difíciles de entender las declaraciones del ministro de Hacienda, en reciente entrevista con “El Mercurio”, donde afirmó que los aspectos económicos de la discusión constitucional ya están zanjados y que no serían fuente de incertidumbre. La evidencia —con artículos ya aprobados que suponen debilitar la protección del derecho de propiedad, alterar completamente el régimen de las aguas o imponer, por ejemplo, la soberanía alimentaria— sugiere más bien lo contrario. El Gobierno no debe desatender ni los efectos de sus políticas ni los del debate constitucional sobre el dinamismo de la economía.