En entrevista con “El Mercurio”, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, no respondió a la pregunta acerca de si el machi Celestino Córdova, principal condenado por el incendio que causó la muerte al matrimonio Luchsinger-MacKay, debe ser considerado como un “preso político”. “No me compete pronunciarme”, “empezar a opinar respecto de cada caso me parece que no es algo que corresponda a mi rol”, señaló. Esta reacción resulta desconcertante y perturbadora, pues solo caben dos posibilidades: la ministra no entendió lo que se le estaba preguntando, o desconoce la legitimidad del veredicto condenatorio de los tribunales de justicia.

La primera alternativa es inverosímil considerando su trayectoria política y funcionaria, pues parece imposible que desconozca que la expresión “preso político” alude a personas injustamente procesadas o condenadas por sus convicciones contrarias a un determinado régimen dictatorial, o cuando menos fuertemente autoritario. La sola insinuación de que en Chile puedan existir presos políticos es grave en los labios de un ministro o una ministra de Justicia y constituye una afrenta a los órganos de persecución penal y a los tribunales. Por eso, tales dichos difícilmente podrían ser entendidos sino desde una visión ideológica conforme a la cual la violencia contra personas inocentes, al menos en ciertos casos muy calificados —ella aludió a que Chile ha sido condenado internacionalmente por su forma de manejar la conflictividad con el pueblo mapuche—, no debería ser objeto de un reproche penal o este debiera ser sustantivamente menor. “Empatía” con las víctimas, pero indulgencia para los victimarios.

Esta explicación se hace más plausible al revisar las preguntas de la periodista acerca de una de las primeras actuaciones del jefe de asesores de la Subsecretaría de Justicia, que consistió nada menos que en trasladarse al Centro de Detención de Vilcún para conversar personalmente con Celestino Córdova. Como si se tratara de un asunto relativo a otro ministerio, al ser consultada por esas gestiones Ríos señaló que “no es algo que yo le pueda responder. Gendarmería depende de la Subsecretaría en términos legales”. Esta respuesta podría contener otra clave sobre la forma en que la ministra está afrontando su difícil labor. Se trata de seleccionar los temas a los que se va a referir no conforme a su urgencia o pertinencia para la cartera, sino de modo consistente con una cierta agenda o incluso, queda la impresión, con una estrategia de política contingente. Esto podría explicar la contradictoria actitud de señalar que no puede, desde el poder constituido, pronunciarse acerca de las propuestas del poder constituyente —la Convención Constitucional— para reemplazar el Poder Judicial por un Sistema de Justicia y crear un Consejo de Justicia con integración política. Sin embargo, al mismo tiempo, puede defender sin problemas la idea de plurinacionalidad o la conveniencia de reemplazar el sistema registral y notarial, materias respecto de las cuales el poder constituyente también está adoptando definiciones.

La cartera que encabeza la ministra Marcela Ríos enfrenta desafíos trascendentales en materia de acceso a la justicia, condiciones penitenciarias y reforma profunda de los servicios dependientes —en especial los encargados de la reinserción social juvenil—, por mencionar solo algunos. Todos ellos son muy anteriores al año 2019 y dependen de la continuidad de políticas de Estado sustentadas técnicamente. La ministra ha dicho que continuará la tramitación de varios proyectos clave en estas materias y además posee las competencias técnicas para desarrollar una gran labor. No debería permitir que las variables agendas políticas la distraigan ni olvidar que su rol es fortalecer las instituciones, no debilitarlas. En este sentido, es importante que ayer, y luego de las fuertes reacciones que generaran sus palabras, tanto ella como otras autoridades hayan corregido sus referencias al caso de Celestino Córdova, reconociendo ahora que se trata de “un preso común, condenado por un homicidio”. Es de esperar que tal retractación corresponda a un convencimiento profundo de todo el Gobierno respecto de lo erróneo de su respuesta inicial y a un definitivo abandono de las posiciones ambiguas en este tipo de materias. De lo contrario, poco sentido y credibilidad tendrán los llamados de las mismas autoridades a construir acuerdos para enfrentar la violencia y resolver la grave crisis de seguridad pública.