Señor Director:

En su entrevista del domingo recién pasado, el ministro Mario Marcel argumenta que “no se encuentran en el texto ya aprobado” de nueva Constitución “normas que pongan en riesgo proyectos ni inversiones”. Discrepo.

Destaca Marcel el derecho de propiedad respecto del cual, según indica, se establece un criterio de indemnización y pautas de cómo se paga. Pero el criterio fijado en el proyecto de nueva Constitución es muy distinto del actual. Hoy el Estado debe pagar “el daño patrimonial efectivamente causado”. La norma aprobada suprime esta frase y la reemplaza por la necesidad de pagar un “precio justo”, que no está definido. Si hubiera voluntad de pagar el valor de lo expropiado, se habría mantenido la frase original, que no deja espacio para la discrecionalidad. El que la nueva Constitución, frente a una eventual expropiación, no garantice compensar por el daño patrimonial, ¿acaso no influirá sobre la decisión de quienes estén considerando invertir en Chile? También la norma propuesta elimina el compromiso del Estado de Chile de pagar en efectivo al contado.

Algo similar ocurre respecto de los temas fiscales, que son cruciales desde el punto de vista macroeconómico y el control de la inflación. Señala Marcel que “la normativa ya está aprobada y es prácticamente igual a la actual”. Discrepo nuevamente.

En la normativa actual, el gobierno tiene iniciativa exclusiva en materia de ley respecto de impuestos, gastos y seguridad social. Una norma que existe desde hace más de medio siglo para permitir la responsabilidad fiscal. En el texto aprobado, en cambio, se elimina la iniciativa exclusiva y los parlamentarios pueden tramitar proyectos de ley que afecten el gasto público; solo que antes de su aprobación definitiva deben lograr la “concurrencia presidencial”. Es decir, redactan el proyecto, consiguen respaldo parlamentario, avanzan en su tramitación, y antes de terminar el proceso legislativo presionan al gobierno para que avale lo ya aprobado. El resultado sería, con toda seguridad, muy distinto al actual.

Son muchas otras las normas ya aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional que ponen en riesgo proyectos e inversiones. Partiendo por el nuevo sistema político, que, dada su conformación y falta de contrapesos de poder, sería, como ya ha sido destacado, una fuente permanente de inseguridad respecto de las reglas del juego futuras.

René Cortázar