Siguiendo un método que ya parece estar establecido en la Convención, la comisión de Derechos Fundamentales ha aprobado cambios en el sistema nacional de atención de salud, incorporando algunas medidas ambiguas que evitan lo peor de lo propuesto anteriormente, pero no logran tranquilizar del todo a quienes prestan servicios en la actualidad. Inicialmente, la comisión propuso un Sistema Nacional de Salud que prohibía la participación en él de las clínicas que tuvieran fines de lucro y creaba un monopolio de atención por parte del Estado. Las ideas provenían de los sindicatos del sector, pero ante los inconvenientes descritos por quienes conocen el funcionamiento del sistema, fueron rechazadas por el pleno. Devueltas a la comisión, han sido revisadas y enviadas nuevamente, con cambios que no dan cabal respuesta a las observaciones que se formularon.

Las críticas, a las que se sumó incluso el Colegio Médico, apuntaban, entre otras materias, a la importancia que ha adquirido la atención privada de salud en Chile: más de medio millón de operaciones quirúrgicas y sobre 50 millones de exámenes de laboratorio se producen anualmente gracias al despliegue de inversiones y al trabajo de miles de personas que deberían en gran parte ser sustituidas por el Estado. Pero son los ciudadanos quienes, ante la angustia que les genera una situación de emergencia, recurren a las atenciones privadas, que alcanzan así esas altas cifras. La comisión ha resuelto ahora agregar un inciso que dice: “El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse”. Con ello, la comisión ha creído superar el problema, pero en realidad no lo zanja y lo deja entregado a las futuras mayorías parlamentarias. Hoy la Carta Fundamental otorga a todos los chilenos el derecho a elegir entre instituciones privadas o públicas. La nueva Carta no aseguraría ese derecho, sino que lo dejaría en manos del Congreso.

Similar cosa parece haber ocurrido con los seguros de salud privados, puesto que ahora, después del rechazo del pleno, la comisión se abre a que puedan complementar o suplementar “la cobertura asegurada por el financiamiento del sistema nacional de salud”. Algo diferente de su primera intención, que era prohibir que duplicaran la acción del Estado, pero no tan claro como para dar tranquilidad a quienes participan en esta industria. Aún no queda resuelto en forma nítida si los descuentos legales podrían usarse para ese fin, pero lo ya aprobado sugiere que no.

Las ideas de la comisión han estado siempre claras y así fueron planteadas al pleno. Ahora hay un intento por corregir sus peores excesos, pero sin disimular la intención de cerrar el paso a la participación de entidades privadas. Estas, que están dispuestas a arriesgar capitales sin tener seguridad de que la gente vaya a poner su salud en sus manos, son fundamentales para que el sistema no colapse. Las normas vigentes han sido nítidas al otorgarles a los chilenos el derecho a elegir; la comisión de Derechos Fundamentales intentó prohibirlo y ahora, ante las objeciones a su propuesta original, apuesta a la ambigüedad.