Nos conminan a no emitir juicios sobre el texto constitucional hasta que haya sido aprobado por el pleno, ignorando con ello que el eje central de todo proceso democrático debe ser la participación ciudadana en la deliberación de los asuntos públicos en todas las instancias.

Muchos creemos que uno de los pasos más trascendentes en la evolución de la civilización humana y de la política es la idea de que la soberanía radica en la nación y, por lo tanto, en todos y cada uno de los ciudadanos, todos distintos, pero iguales ante la ley. En otras palabras, se trata de la democracia liberal representativa, que es nada más y nada menos lo que hoy está en juego en la discusión constitucional.

Más grave que los problemas de forma y de falta de respeto por la dignidad de sus cargos que algunos convencionales han exhibido, el texto que se está elaborando presenta graves problemas. Entre otros, pone fin al Estado Nacional sustituyéndolo por uno “plurinacional” con un claro sesgo indigenista que entrega múltiples privilegios a los llamados “pueblos originarios”; termina con la existencia de ciudadanos iguales ante la ley y los reemplaza por un conjunto de identidades particulares y grupos de interés especiales, cada uno con derechos y privilegios distintos, de los que gozarían en desmedro de la mayoría de los habitantes del país. Con esto se fragmenta el “demos”, que es “el cuerpo gobernante de ciudadanos libres”, que dio origen a la democracia en Atenas y que es requisito indispensable para su funcionamiento hoy, porque es aquello que, a pesar de nuestras diferencias étnicas, de género, religiosas, o cualesquiera otras, nos hace iguales y capaces de convivir con el diferente. Una Constitución democrática es aquella que une y no divide, que acentúa lo que tenemos en común y que, en definitiva, permite que podamos convivir en paz en una sociedad cada vez más plural y diversa.

¿Por qué surgen dudas sobre el efecto que la nueva Carta tendría sobre la democracia? Lo que se ha propuesto como régimen político debilita, y en algunos casos anula, los equilibrios y contrapesos necesarios para impedir las autocracias y los abusos de poder por parte de los gobiernos y de las mayorías circunstanciales. Del mismo modo, extiende el ámbito de las materias que pueden ser sometidas a la soberanía popular, que en una democracia pertenecen al ámbito de lo privado, como, por ejemplo, la educación de los hijos, usurpando a los padres su derecho preferente y subordinándolos a los dictados del Estado. Asimismo, se proponen leyes y sistemas de justicia diferentes de acuerdo al origen racial de cada cual y se debilita seriamente la autonomía de los jueces para pronunciar sus sentencias.

Por otra parte, esta propuesta constitucional es esencialmente maximalista y sustrae de la deliberación democrática temas de políticas públicas opinables, que nunca son o pueden ser monolíticas, con lo cual consagra constitucionalmente una ideología determinada y con ello impide la alternancia en el poder.

Más grave es cómo afecta la libertad y especialmente la de expresión. El “negacionismo” quebranta la libertad de pensar y de tener opiniones diferentes a la “verdad oficial”; la creación de medios de comunicación estatales solo tiene precedentes en dictaduras que los han usado para propaganda y adoctrinamiento; y el establecimiento de un órgano que controla la conducta de los medios vulnera gravemente la autonomía de editores y periodistas en el ejercicio de su función.

Tengo clarísimo que hay muchos chilenos que prefieren una interpretación más nebulosa del acontecer actual y que rehúsan creer que las cosas puedan ser blancas o negras. Es cierto, normalmente no lo son. Pero hay momentos en que es difícil encontrar los grises. Si no, preguntémosles a todos aquellos países que alguna vez perdieron la democracia.