Como “la vulneración de datos personales más grave de la historia del Servel”, ha calificado el propio presidente del consejo directivo de esa entidad, Andrés Tagle, los hechos ocurridos a fines de abril, cuando el organismo subió a la web un archivo con información de alta sensibilidad sobre la participación en las elecciones de mayo de 2021. Los datos permitían identificar, mediante su RUT, quiénes, de entre los 15 millones de electores que componen el padrón, participaron en esos comicios, y quiénes no, su edad, militancia política y pertenencia o no a pueblos originarios.

Específicamente, la divulgación de las afiliaciones vulnera lo dispuesto en el número 15 del artículo 19 de la Constitución, que mandata al Servicio Electoral guardar reserva de las nóminas de militantes de los distintos partidos, a las cuales solo pueden acceder los propios afiliados. Respecto de otros datos, el presidente del consejo directivo ha afirmado que, por ejemplo, la concurrencia a votar es un acto público, aunque el Servicio procura mantenerla en reserva para evitar que tales antecedentes sean usados para presionar a los electores. Pero precisamente por eso esta última es también una arista delicada del caso, más allá de la valoración jurídica que se pueda dar a los hechos. En efecto, los datos difundidos —que habrían estado disponibles durante al menos 22 horas— constituyen información de alta relevancia para el diseño de campañas políticas, al permitir identificar a cada uno de los potenciales electores. Así, quienes hayan podido acceder a estas nóminas contarían con una importante ventaja.

¿Cómo se generó esta situación? Según el organismo, se trata de antecedentes que normalmente son procesados para ser puestos a disposición de quienes lo requieran para estudios estadísticos o fines académicos; tal procesamiento se realiza mediante un dispositivo que permite leer el código de barras de cada uno de los votantes que hayan participado en una elección, al tiempo que los que no lo hayan hecho se obtienen por defecto. En este caso, el trabajo se habría realizado luego de recibir una solicitud de acceso a la información vía transparencia. Sin embargo, por “error” se habría omitido el paso decisivo de borrar los RUT antes de subir la base de datos. Tagle ha descartado “teorías conspirativas” haciendo notar que en rigor no se trataría de una filtración, por cuanto la información fue puesta a disposición de todo el público, lo que demostraría que no hubo un intento de favorecer a alguien en particular; por lo demás, una vez advertida la situación, la base fue bajada.

Con todo, el caso despierta inevitable suspicacia, precisamente por el valor estratégico de los antecedentes difundidos. Es fundamental, por lo mismo, que la investigación que desarrolla el Servel permita establecer con claridad las responsabilidades involucradas y despejar dudas, por ejemplo, respecto del origen de la solicitud de acceso a la información que generó lo ocurrido, así como de la cantidad de usuarios que hayan alcanzado a descargar la base antes de ser bajada y si es que algunos pudieran haber sido advertidos de su existencia desde el interior del Servicio. Es probable que las interrogantes que se han planteado resulten molestas para el Servicio Electoral, una entidad que goza de merecido prestigio por su impecable desempeño en cada uno de los actos electorales que se realizan en el país. Pero es precisamente para salvaguardar ese prestigio que corresponde realizar de modo exhaustivo todos los esfuerzos que permitan aclarar este episodio, sin descartar ninguna hipótesis.

Lo ocurrido obliga además a una reflexión que suele omitirse a propósito de la alta valoración que existe del trabajo del Servel. Durante más de una década el país ha estado llevando a cabo profundas reformas a su sistema de votaciones, así como a las normativas sobre partidos políticos, todo lo cual ha multiplicado las responsabilidades de este organismo. Aunque este también ha sido objeto de modificaciones en su institucionalidad, no es evidente que ella haya sido suficientemente fortalecida, al tiempo que los recursos de que se lo ha dotado parecen aún precarios frente a la magnitud de sus tareas. Evaluar esta situación y los perfeccionamientos que pueda ser necesario introducir debiera constituir una prioridad para el buen funcionamiento de nuestra democracia.