El sistema político es clave para asegurar un buen funcionamiento de la democracia. Su adecuado diseño, en efecto, resulta crítico para la implementación exitosa o para el resguardo de una parte significativa de las disposiciones contenidas en toda Constitución. Pero las normas que en esta dimensión se han venido discutiendo en la Convención o en sus comisiones no han logrado articularse de manera coherente para asegurar ese buen funcionamiento.

Así, por ejemplo, en la última redacción elaborada por la comisión de Sistema político, se insiste en no darles a los partidos el reconocimiento que les es propio en el sistema democrático. Por cierto, estas organizaciones se encuentran hoy muy cuestionadas y no se pueden desligar de su mal desempeño muchas de las dificultades que ha tenido el orden político-institucional chileno para abordar las demandas ciudadanas emergidas como consecuencia de la modernización. Con todo, no son los partidos los únicos responsables de esa situación y las democracias modernas los necesitan para llevar adelante los procesos de deliberación necesarios para funcionar apropiadamente. De hecho, representan —y en el caso de Chile, ello es evidente, más allá de su debilidad actual— grandes corrientes ideológicas y culturales profundamente arraigadas. Al mismo tiempo, han ido emergiendo, sin grandes barreras, nuevas colectividades que intentan capturar otras sensibilidades, contexto que brinda la posibilidad de que se renueven y cumplan el papel que les corresponde. Sin embargo, si se los hace competir con organizaciones de otra naturaleza, que además pueden tener vocaciones particulares, se lesionan los procesos de deliberación propios de la democracia. Estos suponen una capacidad de articulación y búsqueda del interés común, y no la defensa de intereses específicos, que es lo propio de esas otras organizaciones, las que, por su propio carácter, no son deliberativas. En este sentido, no parece haberse aquilatado el grave daño que se puede infligir al buen funcionamiento de la democracia al no reconocer tal diferencia básica. Esto es especialmente así existiendo un sistema electoral que invita a la fragmentación, la que, a propósito de las disposiciones generales que se están discutiendo en la Convención, solo podría aumentar.

Adicionalmente, hay que considerar que, en la Constitución que se está escribiendo, el balance de poder gira hacia el Congreso de Diputados y Diputadas, y hacia las regiones y las autonomías territoriales, sin que sea muy preciso cómo ello se implementará. Todo esto va acompañado de la figura de un Presidente debilitado, más allá de pequeñas correcciones introducidas en la última versión del informe de la comisión sobre Sistema político, que no alteran mayormente esa situación. En estas circunstancias, la posibilidad de asegurar grados razonables de gobernabilidad se ve baja, además de debilitarse la idea de Estado unitario. Así, el buen funcionamiento de la democracia se encuentra lejos de estar garantizado. A ello se agregan materias como la propuesta —sin más fundamento que rendir otro tributo identitario— de crear un nuevo escaño reservado para el pueblo afrodescendiente, y el mandato para que el Estado privilegie la participación política de algunos grupos y no de otros, todo lo cual termina por fragilizar la representación ciudadana.

Sí cabe reconocer en este informe un esfuerzo por fortalecer las atribuciones de la Cámara de las Regiones. En la experiencia comparada, la idea de una segunda Cámara relevante va al alza y constituiría un grave error reemplazar al actual Senado por un organismo más bien simbólico. No es evidente, sin embargo, que sean suficientes las atribuciones que ahora se le otorgan para lograr un reequilibrio razonable, sobre todo a la luz de las diferentes reformas que ya se han aprobado o de las que aún están siendo propuestas. Se están corriendo así grandes riesgos en el diseño de nuestro sistema político, los que pueden lesionar, en lugar de corregir positivamente, el funcionamiento de nuestra democracia.